Un informe del Ministerio de Justicia y del Consejo Nacional de Justicia revela que solo uno de cada 400 juicios por crímenes ambientales en Brasil resulta en una condena de prisión.
Hasta agosto, Brasil contabilizaba 183.300 casos de delitos ambientales, pero solo 433 terminaron en prisión. A pesar de la creciente preocupación por los daños al medio ambiente, las detenciones son raras.
Durante los últimos meses, Brasil ha enfrentado incendios forestales récord. Sin embargo, las estadísticas indican que estos delitos raramente llevan a consecuencias penales.
De los 183.300 casos, 41.300 fueron juzgados, mientras que 142.000 siguen sin resolución. La lentitud del sistema judicial agrava la situación.
En octubre, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó una propuesta al Congreso para aumentar las penas por delitos ambientales. Esta medida busca responder a la crisis ambiental actual.
Brasil alberga el 60 por ciento de la selva amazónica, esencial para la biodiversidad global. En agosto y septiembre, la Policía Federal abrió más de 80 investigaciones relacionadas con incendios en la Amazonia y otras regiones.
Según el Consejo Nacional de Justicia, un acusado de un delito ambiental tarda en promedio dos años y seis meses en ser juzgado. La situación actual plantea serias dudas sobre la efectividad de la justicia ambiental en el país.
