Este viernes se concretó la demolición de la casona ubicada en la intersección de Monseñor Zazpe y Zavalla, luego de la autorización judicial impulsada a pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad y con intervención del fiscal Arturo Haidar.
El inmueble, situado en la esquina noroeste, había sido ocupado de manera ilegal durante los últimos años y estaba señalado por vecinos como un punto crítico de inseguridad. En ese lugar, hace dos semanas, se registraron detenciones de hombres y mujeres vinculados a la venta de estupefacientes. Además, se acumulaban denuncias por robos y situaciones de prostitución.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, supervisó el procedimiento y remarcó el trabajo articulado entre vecinos, fuerzas de seguridad y el sistema judicial. Según detalló, el lugar acumuló cerca de 500 intervenciones policiales en los últimos ocho meses.
“Este lugar durante muchísimo tiempo fue un centro de reunión de actividades criminales”, afirmó el funcionario ante el móvil de EME. Además destacó que el inmueble funcionaba como punto de venta y acopio de drogas, además de espacio de encuentro de delincuentes.
Cococcioni subrayó el rol de los vecinos en las denuncias reiteradas: “Ellos son los destinatarios de este trabajo”, señaló, al tiempo que ratificó la continuidad de la política de derribo de puntos de venta de droga en la ciudad.
En ese sentido, sostuvo que el operativo se enmarca en una estrategia integral de seguridad pública y defendió el refuerzo policial, el endurecimiento del régimen penitenciario y las reformas legislativas en marcha.
La voz de los vecinos
Laura D’Andrea, presidenta de la vecinal Candioti Sur, valoró la presencia de las autoridades durante el operativo y aseguró que se trata de “una lucha de muchos años”.
“Cuando asumimos en la vecinal nos comprometimos a ayudar al vecino, ese era nuestro objetivo. Este búnker era un problema constante para el barrio y hoy es un día importante”, expresó.
La referente barrial también describió la situación cotidiana en torno al inmueble: “Se veían autos, motos que paraban. Uno se imaginaba lo que pasaba adentro, incluso con familias y menores”.
En ese sentido, remarcó la preocupación de los vecinos por la presencia de niños en el entorno y situaciones de vulnerabilidad: “Suponíamos que había chicos que no estaban escolarizados porque estaban siempre en la calle”.
Finalmente, D’Andrea señaló que la zona presenta una realidad compleja, con distintos sectores del barrio y la presencia de familias trabajadoras, aunque insistió en que el inmueble demolido representaba un foco de conflicto sostenido durante años.
