Aunque no descartan un cuarto pago de $10 mil, el gobierno nacional analiza cambiar la modalidad de asistencia, elevar un monto y restringir el número de beneficiarios.
El 10 de agosto comienza el pago de la tercera edición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, María Fernanda Raverta, no descartó que haya una cuarta acreditación de los $ 10 mil.
Sin embargo, desde el gobierno nacional también analizan implementar una Renta Básica Universal, que se entregaría a una cantidad menor de beneficiarios, pero equivaldría a un salario mínimo vital y móvil; es decir, $16.875.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, mencionó que en una primera etapa esta renta universal será dirigida a quienes no tienen trabajo, y que la idea es vincularla con planes para generar empleo, como el plan Potenciar Trabajo.
Una diferencia importante entre el IFE y la RBU, además del monto que recibirán los beneficiarios, es el número de personas que podrían acceder a esta ayuda. Se pasaría de los 9 millones que reciben hoy $10 mil a unos 3 a 4 millones, aquellas personas cuya situación económica empeoró mucho durante la cuarentena.
Uno de los puntos que evalúan es, precisamente, cuál será el impacto fiscal, además del alcance y monto que debería tener. Los cálculos privados sitúan que el gasto tendría un aumento en torno a 2,4% del PBI.
Desde el instituto de estudios económicos de la Fundación Mediterránea (Ieral) calcularon que si llegara a 3 millones de personas con un monto de $ 16.875, tendría un costo fiscal por mes de $ 50.600 millones.
