En un fallo dividido, el máximo tribunal avaló la ley que determinó que las faltas graves sean investigadas por el Poder Legislativo.
Un fallo adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe parece haber saldado una discusión que mantiene en vilo a las autoridades de los tres poderes.
Se trata de la polémica ley 13.807 sancionada a fines de 2018, que determinó que los procedimientos de investigación de fiscales y defensores de posibles faltas graves, deban ser realizados por los diputados y senadores.
Esa normativa fue considerada inconstitucional por la Sala Laboral número 2 de Rosario, tras una presentación del fiscal sometido a proceso Adrián Spelta. Es el investigador cuestionado por haber acordado la prisión morigerada de los hermanos Lucas y “Ema Pimpi” Sandoval. Este último cayó asesinado luego por sicarios en su casa del Barrio La Florida de Rosario.
El principal argumento de la Cámara que cuestionó la norma, fue sostener que el Poder Legislativo invadía con dicha ley las facultades propias del Poder Judicial.
Frente a esa decisión de la Cámara, la Fiscalía de Estado de la provincia – ya durante la gestión de Omar Perotti- presentó un recurso de queja ante la Corte, para defender la legalidad de la norma en cuestión.
La decisión de Tribunal adoptada hoy, cuyos argumentos aún no fueron difundidos, llegó en votación dividida, con 4 votos por la ratificación de la ley (Gutiérrez, Gastaldi, Spuler y Falistocco) y 2 votos en contrario (Erbetta y Netri).
Más allá de resolver el planteo del fiscal Spelta, la determinación cortesana marca un antes y un después, bajando la tensión generada por esa central discusión que atravesó en los últimos meses a los tres poderes del Estado santafesino.
Además, coloca en posición incómoda a otros interlocutores que polemizaron contra esa disposición, entre ellos el exministro de Seguridad, Marcelo Saín, quien éste jueves sería suspendido en sus actuales funciones para ser sometido a investigación.
