Este lunes, la Justicia Federal confirmó la prisión preventiva por 90 días para el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, en el marco de múltiples investigaciones que lo vinculan con presuntas maniobras de corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y prevaricato. La decisión fue adoptada de forma unánime por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, a través de una resolución firmada por los jueces Aníbal Pineda, José Toledo Vidal y Fernando Barbará.
No obstante, la detención no será efectiva hasta que el Consejo de la Magistratura se expida sobre su posible destitución, ya que Bailaque, al ser un juez en funciones, goza de inmunidad judicial.
El juez federal Eduardo Rodrigues Da Cruz había dictado la prisión preventiva el pasado 30 de abril, en sintonía con el pedido del fiscal Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), quien solicitó que se inicie el proceso de remoción del magistrado ante el Consejo.
Tres causas clave
Bailaque enfrenta cargos en tres expedientes judiciales de alto perfil. El primero, vinculado a la causa del narcotraficante rosarino Esteban Alvarado, lo compromete por no haberse excusado de intervenir en el caso, pese a que su propio asesor contable también asesoraba a empresas del entorno del narco y su ex pareja, Rosa Capuano.
En otro expediente, se investiga su actuación en un proceso que involucró a dos cooperativas portuarias (de Puerto General San Martín y San Lorenzo) y a una financiera presuntamente ligada a su entorno personal, cuyo titular sería el empresario Fernando Whpei, señalado como amigo del juez. El caso derivó en detenciones por lavado de dinero, asociación ilícita y administración fraudulenta. Según la acusación, una vez que la causa llegó al juzgado de Bailaque en Rosario, el magistrado ordenó liberar más de 150 millones de pesos en fondos embargados, que luego se habrían canalizado a través de una sociedad anónima y una mutual vinculada a Whpei.
El tercer proceso apunta al sobreseimiento de un empresario y un agente de bolsa en una causa tramitada en su juzgado, por la cual se le imputan los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato.
Mientras tanto, la continuidad de Bailaque en la Justicia dependerá de la decisión del Consejo de la Magistratura, que deberá determinar si corresponde o no su destitución. Hasta entonces, el juez seguirá en libertad, aunque con prisión preventiva firme.
