El Ministerio de Seguridad de la Nación solicitó a la Justicia federal los allanamientos del medio y de los periodistas que difundieron audios relacionados con el supuesto cobro de coimas en la compra de medicamentos en el área de Discapacidad, que involucran además a Karina Milei, secretaria y hermana del presidente.
La presentación ante el juzgado federal número 12, subrogado por Julián Ercolini, fue realizada por Fernando Soto, abogado del Ministerio, y contempla el secuestro forense de equipos y documentación de “Carnaval Stream”, un medio vinculado a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino. También incluye domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, titular del portal Data Clave, y del empresario Franco Bindi, señalado por la Casa Rosada como responsable de la difusión de audios de Diego Spagnuolo.
Según el Ejecutivo, se trató de una “operación de inteligencia ilegal” con el objetivo de “desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera”. En el escrito se describió que la maniobra consistió en la captura clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados de Karina Milei y otros funcionarios.
En respuesta, Jorge Rial afirmó que el Gobierno “parece molesto por el trabajo periodístico” y consideró que la medida “se está convirtiendo en un régimen totalitario”.
La presentación judicial se suma a otra medida ya obtenida por el Ejecutivo, que había logrado frenar la difusión de los audios en cuestión.
