Este viernes, los convencionales santafesinos realizaron el histórico acto de jura de la nueva Constitución Provincial, marcando el cierre institucional de la Convención que trabajó durante semanas en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el texto. Con la ceremonia, la Constitución de 1962 quedó oficialmente reemplazada, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.
El acto comenzó en el recinto de la Cámara de Diputados, donde los convencionales juraron la nueva Carta Magna. Luego, la actividad se trasladó a la explanada de la Legislatura, donde se firmó el ejemplar “cero” de la Constitución y se rindió un emotivo homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional electa que falleció antes de asumir su banca. La entrega de la placa de reconocimiento emocionó a la plaza colmada de vecinos, autoridades y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
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Durante la ceremonia, también se tomó juramento a las autoridades de los tres poderes del Estado, intendentes, presidentes comunales y ciudadanos presentes, en un acto que simbolizó la participación de toda la sociedad en este momento histórico.
El presidente de la Convención Reformadora, Felipe Michlig, destacó el trabajo realizado: “Fueron 58 días de sesiones, 13 reuniones plenarias y una sesión desdoblada de dos días. Cada integrante aportó su compromiso y dedicación para escribir una nueva página en la historia de la Provincia Invencible de Santa Fe. Ahora contamos con una Constitución renovada, actualizada y preparada para los desafíos de los tiempos que vivimos y los que vendrán”.
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Michlig subrayó además que la reforma busca terminar con privilegios de la política, consagrar derechos ciudadanos y permitir que los poderes del Estado gestionen con mayor eficiencia, en beneficio de todos los santafesinos.
Con la jura y promulgación formal, la nueva Constitución entra en vigencia, consolidando un hito histórico que refleja consenso, participación y modernización institucional. El acto no solo marca el cierre de un proceso legislativo, sino también el inicio de una etapa en la que la ciudadanía tendrá más herramientas de participación y control sobre la gestión pública.
