La renuncia de José Luis Espert como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre abrió un interrogante sobre el destino de las Boletas Únicas de Papel (BUP) ya impresas y el costo de elaborarlas de nuevo con un reemplazo.
Se estima que la reimpresión total de las boletas en la provincia podría costar 15 mil millones de pesos. Además del alto gasto, el tiempo disponible —apenas tres semanas antes de los comicios— dificultaría concretar la operación, ya que primero debe formalizarse la renuncia de Espert y la Justicia Electoral debe aceptarla. Posteriormente, un nuevo diseño tendría que ser aprobado en audiencia con la presencia de los apoderados de todas las listas participantes antes de imprimir las nuevas boletas.
Las boletas originales estaban listas para su distribución desde el 29 de septiembre, cuando Espert aún figuraba como cabeza de lista de La Libertad Avanza. El economista liberal decidió dar un paso al costado tras la difusión de documentos que vinculaban su actividad comercial con un empresario detenido, y comunicó en sus redes: “Por la Argentina, doy un paso al costado”.
El tema generó polémica política. El diputado socialista Esteban Paulón y su compañera Mónica Fein presentaron un proyecto para que, de reimprimirse las 14 millones de boletas, el costo lo absorbiera La Libertad Avanza, argumentando que la responsabilidad de sostener una candidatura fallida no debe recaer en la sociedad. En la misma línea, los diputados de Fuerza Patria, Jimena López y Sebastián Galmarini, advirtieron sobre el elevado gasto, que podría superar los 14 mil millones de pesos adicionales, mientras persisten carencias en jubilaciones, educación y salud.
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Por su parte, el abogado constitucionalista Diego Hernán Armesto aclaró que, según la Cámara Electoral, las boletas siguen siendo válidas aun si un candidato renuncia, y que la reimpresión sería solo necesaria para retirar la imagen de Espert, enfatizando la importancia de administrar los recursos de manera eficiente.
En resumen, la combinación de alto costo, falta de tiempo y validez legal de las boletas existentes complica una reimpresión, mientras que la política debate quién debería asumir la responsabilidad del gasto.
