El juez federal de Reconquista, Ricardo Alcides Mianovich, dictó el procesamiento del exdirector regional de Afip Santa Fe y Rosario, Carlos Vaudagna, y del exsíndico y expresidente de Vicentín, Omar Scarel. Ambos están acusados de encubrir la apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones por más de 143 millones de pesos, delito que la Justicia calificó como “especialmente grave” por tratarse de beneficios fiscales apropiados de forma ilegítima.
Mianovich procesó a Vaudagna y Scarel como coautores de encubrimiento por favorecimiento personal. En el caso del exfuncionario, la imputación incluye además el delito de lavado de activos agravado por habitualidad y por haber actuado como funcionario público. Como medida cautelar, el magistrado ordenó embargos por $700 millones para Vaudagna y $200 millones para Scarel.
La resolución, fechada el 12 de noviembre, se alinea con los planteos realizados por el fiscal federal de Reconquista Roberto Salum; el titular de PROCELAC, Diego Velasco; el fiscal de la delegación Rosario, Juan Argibay Molina; y el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, junto al auxiliar fiscal Esteban Venditti. Todos ellos habían solicitado las indagatorias a fines de 2024 y la ampliación de acusaciones en mayo de 2025.
Según la investigación, entre 2016 y 2019 Vicentín habría percibido reintegros de IVA por exportaciones mediante créditos fiscales ficticios respaldados con facturas de proveedores apócrifos, lo que generó un perjuicio millonario al Estado. En mayo de 2024 la Justicia ya había procesado a la empresa y a 14 directivos por apropiación indebida de beneficios fiscales, al comprobar que 57 proveedores eran falsos.
En este nuevo expediente, la Justicia sostiene que Vaudagna utilizó su rol en la exAfip para interceder ante funcionarios a su cargo y evitar impugnaciones a esos créditos fiscales, con el objetivo de mejorar la situación de Vicentín y prevenir una denuncia penal. Los fiscales afirman que incluso brindó asesoramiento técnico a Scarel fuera del ámbito institucional, le facilitó argumentos legales y compartió información interna del organismo sobre procedimientos de fiscalización.
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La imputación contra Scarel replica esa conducta e indica que pidió a Vaudagna ejercer su influencia para evitar sanciones y reducir el monto del ajuste fiscal. Según el MPF, el exfuncionario habría actuado a cambio de beneficios económicos ilegales que luego intentó “blanquear” mediante operaciones con testaferros, adquisición de empresas y maniobras financieras con una mutual y emprendimientos comerciales.
La causa tomó impulso a partir del análisis del teléfono celular de Vaudagna, secuestrado en junio de 2021 durante un allanamiento en Santa Fe. Los datos revelaron comunicaciones entre él y Scarel mantenidas entre 2017 y 2021, donde discutían inspecciones de Afip vinculadas a proveedores apócrifos utilizados por Vicentín. Esas evidencias fueron compartidas entre fiscalías a través de un acuerdo de cooperación firmado en 2024.
Con estos nuevos elementos, la Justicia avanzó en el procesamiento de ambos exdirectivos, al considerar acreditada su participación en el encubrimiento del fraude fiscal que benefició a la agroexportadora.
