La disputa por el radar fijo instalado en la ruta nacional 168 sumó un nuevo capítulo y elevó la tensión entre Vialidad Nacional y la provincia de Santa Fe. El conflicto se desató luego de que el titular de la DNV, Gastón Bruno, enviara el 17 de noviembre una nota intimando a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) a retirar el cinemómetro ubicado a la altura del kilómetro 5,8. La comunicación otorgaba cinco días para cumplir y advertía que, de no hacerlo, el organismo nacional procederá a desmontarlo por sus propios medios.
Desde la Nación no emitieron un comunicado oficial, pero fuentes del organismo explicaron que el problema radica en que la provincia “no tramitó la autorización para la instalación de los elementos de soporte y energía” dentro de la zona de camino, trámite que consideran obligatorio para cualquier estructura física emplazada en rutas nacionales.
La respuesta de Santa Fe llegó de inmediato y en términos firmes. A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial rechazó la intimación, calificó la medida como irregular y anticipó que presentará una denuncia penal si Vialidad Nacional intenta retirar el radar.
Cruce político y acusaciones
“Es un acto que llamó poderosamente la atención”, afirmó el secretario de la APSV, Carlos Torres, quien aseguró haber esperado una instancia de diálogo. Recordó además que el conflicto se encendió tras las publicaciones de una abogada de Santo Tomé que instaba a no pagar multas labradas en rutas nacionales, argumentando falta de competencia provincial.
“Después de eso, Vialidad Nacional nos manda una nota intimándonos a que saquemos el cinemómetro. Nos daban cinco días y, si no, lo iban a retirar ellos. Es una actitud caprichosa, antijurídica e inconstitucional”, cuestionó Torres.
“No lo vamos a sacar y vamos a hacer la denuncia penal si lo retiran. Y lo vamos a volver a colocar”, añadió.
El funcionario señaló que mantuvo reuniones con ONG de familiares de víctimas viales de Rosario —y que había otro encuentro previsto en Santa Fe—, quienes manifestaron su preocupación por la postura nacional y su apoyo a la continuidad del radar.
La posición de Vialidad Nacional
Desde la DNV evitaron declaraciones públicas, pero remarcaron que la instalación del dispositivo carece del aval formal que debe emitirse para toda estructura colocada en zona de camino. Aclararon además que el organismo no tiene facultades para controlar velocidad ni labrar multas, pero sí para autorizar o rechazar intervenciones físicas en rutas nacionales.
Torres respondió que la APSV cuenta con facultad legal para instalar dispositivos de medición y que no es necesaria autorización nacional para ejercer controles de velocidad. “Medir velocidad forma parte de un amplio poder de policía que la provincia no delegó”, sostuvo.
El funcionario también defendió el radar por su impacto en la seguridad vial. Señaló que la RN 168 registra alta siniestralidad, con choques graves, caída de vehículos al arroyo, muertes de motociclistas y un flujo significativo de tránsito nocturno debido a boliches y al área universitaria.
Según datos oficiales, desde la colocación del cinemómetro en agosto, el porcentaje de vehículos que excedían la velocidad permitida pasó del 49% al 19% en noviembre. “Bajó 30 puntos solo por prevención”, resaltó Torres.
El conflicto continúa abierto y ahora se define entre reclamos administrativos, advertencias judiciales y un fuerte cruce político por la gestión de la seguridad vial en una de las rutas más transitadas del área metropolitana.
