Este 3 de diciembre, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, declarado por la ONU en 1992, se conoció una noticia positiva para miles de santafesinos: la Justicia ordenó la restitución de las pensiones suspendidas a unas 70.000 personas.
La abogada y presidenta de la Asociación Civil Incluíme Santa Fe, Mariela Peña, confirmó que, gracias a un recurso de amparo presentado por organizaciones del sector, las pensiones suspendidas arbitrariamente desde abril serán restituidas y se abonarán de forma retroactiva. “Gracias a los amparos colectivos que hemos iniciado las ONG, en el mes de diciembre la Justicia nos dio la razón y las personas con discapacidad van a retomar el cobro de la pensión que había sido suspendida en el mes de abril”, aseguró Peña en EME.
La especialista detalló además que el fallo judicial implica un llamado de atención al Gobierno Nacional por irregularidades en el proceso de auditoría. “Vuelve todo a foja cero. La Justicia intimó al Gobierno Nacional, explicándole que el proceso que habían realizado era anticonstitucional y anticonvencional, y que las auditorías eran ineficientes. La Justicia los obliga no solo a restituir, sino a adecuar todas las políticas públicas a lo que establece la Convención Internacional”, sostuvo Peña.
Si bien las auditorías son necesarias para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, Peña remarcó que, en este caso, se trató de “un plan sistemático para reducir el déficit fiscal con los más vulnerables”. Según explicó, este logro brinda un alivio importante en un contexto crítico: “Las personas con discapacidad no solo tuvieron suspendida la pensión, sino que hoy corren riesgo sus tratamientos de rehabilitación 2026”.
De las más de 150.000 pensiones auditadas en la provincia, 70.000 fueron suspendidas arbitrariamente, y Peña resaltó que “los que dimos la pelea fuimos las ONG; no hubo ningún organismo gubernamental que intercediera”. Además, tranquilizó a los beneficiarios: “El proceso de auditoría está suspendido judicialmente hasta que el Gobierno Nacional arbitre los medios para generar una auditoría conforme a derecho”.
Peña también recordó que, paralelamente, se presentó un segundo amparo colectivo por la no aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. “Logramos la aprobación, la vetaron, logramos la confirmación del veto y la suspendieron porque afirman que no tienen los fondos. Hoy está todo judicializado y tenemos medida cautelar positiva. Esperamos que se pueda resolver esta situación”, concluyó.
