Con un fuerte rechazo de la oposición por la invitación de representantes de provincias con proyectos mineros, las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente y de Asuntos Constitucionales firmaron dictámenes favorables para la modificación de la Ley de Glaciares, que este miércoles se tratará en el recinto de la Cámara de Diputados desde las 15 para su sanción definitiva.
Entre las 37 firmas del dictamen mayoritario se contaron las de 27 miembros de La Libertad Avanza, 4 del PRO, 2 de la UCR, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y otra de Somos Catamarca. La oposición ya apunta a la judicialización ante el optimismo libertario por sancionar la ley.
A su vez, hubo 3 dictámenes de rechazo: el de Unión por la Patria con firma de los 23 vocales; el de Provincias Unidas que rubricaron María Inés Zigarán, Pablo Juliano, Juan Brügge y Pablo Farías; y el de Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
Apenas comenzó el plenario, Ferraro cuestionó la presencia de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y acusó a las autoridades del oficialismo de “tomar la decisión de traer solamente a los representantes de provincias cordilleranas de futuros proyectos mineros o exploración”. Esto fue adherido por Sabrina Selva y Romina Del Plá.
La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente culminó el proceso de designación de autoridades: Sabrina Selva de Unión por la Patria quedó en la vicepresidencia 1°; Soledad Molinuevo de La Libertad Avanza en la vicepresidencia 2°; y la radical Pamela Verasay en el cargo de secretaria 1°.
En el mismo sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales –presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz– fijó a Diego Giuliano en la vicepresidencia 1°; y Diógenes González como vicepresidente 2°.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El proyecto propone redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.
En ese sentido, habilita a las jurisdicciones a solicitar modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares, en base a estudios técnicos, lo que genera preocupación en sectores ambientales por el posible impacto sobre fuentes de agua.
Funcionarios y gobernadores defendieron la reforma
En primera instancia, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego reiteró su postura a favor de la iniciativa y afirmó que “sin minería no va a haber futuro”. También sostuvo que “ningún gobernador de la Mesa del Cobre y del Litio planteó cambiar el objeto ni los estándares de calidad”.
Además, señaló que su provincia es “avanzada en esto para determinar en un ambiente periglacial cuál tiene función hídrica y cuál no”, y sostuvo que para esto cuentan con “un consejo provincial del agua”. “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”, concluyó.
Luego, el secretario de Minería de la Nación cuestionó a la oposición y manifestó que “el agua dulce no es un verdadero problema», al tiempo que indicó: “Tenemos que distribuirla mejor y no es algo que querramos atacar”. Del mismo modo, agregó que que “los ataques al proyecto han implicado un menosprecio ofensivo a las capacidades provinciales”.
“Las autoridades competentes son las autoridades provinciales: esto es federalismo en acción, no declamado”, remarcó Lucero.
Críticas al proyecto
Entre las voces disidentes, la jujeña Inés Zigarán (Provincias Unidas) criticó la presencia de funcionarios mineros, en detrimento de “los miembros del Consejo Federal de Medio Ambiente”. «Acá deberíamos tener sentados a los ministros de ambiente de las provincias, que son las autoridades de la aplicación de las normativas que están en juego en esta discusión». “Lo que están haciendo acá desnuda el verdadero objetivo de esta ley”, apuntó.
El porteño Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reiteró el argumento al plantear que «estamos viendo la representación de un sector particular en este plenario de comisiones, en donde el sujeto regulado (las mineras) dicta, redacta y decide el proceso deliberativo en lo que es la formación y sanción de las leyes”. De esta manera criticó el que se haya rechazado su solicitud para la participación de funcionarios de provincias no mineras, así como a especialistas constitucionales.
Números y apoyos
En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para alcanzar la mayoría en Diputados. El bloque de La Libertad Avanza apuesta a sumar el respaldo de aliados como el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.
Audiencia y cuestionamientos
El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.
Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.
Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.
Fuente: Rosario3
