La Asamblea Ni Una Menos de Córdoba formalizó este lunes un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Raúl Garzón, quien intervino en la investigación por la desaparición y posterior asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida tras varios días de búsqueda.
La presentación fue acompañada además por un reclamo de destitución contra el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros. Desde la organización sostienen que existieron graves falencias durante la investigación y cuestionan el accionar tanto judicial como gubernamental.
En diálogo con EME, la integrante de la Asamblea Ni Una Menos, Liliana Olivero, afirmó que el caso de Agostina fue “la gota que colmó el vaso” respecto de la actuación del fiscal Garzón.
“Ya acabamos de hacer el pedido de jury de enjuiciamiento y la destitución del ministro de Seguridad Quinteros. Esta es la gota que colmó el vaso”, expresó.
La dirigente cuestionó especialmente la conferencia de prensa brindada por el fiscal durante el fin de semana y aseguró que no hubo autocrítica por parte de las autoridades.
“Todo lo que se hizo en el marco judicial estuvo mal. No hubo un hecho positivo y encima el circo que armó este fiscal el día sábado en la conferencia de prensa”, sostuvo.
Cuestionamientos a la investigación
Desde la Asamblea señalaron que la familia de Agostina denunció la desaparición durante la madrugada, pero que la activación de los mecanismos de búsqueda se demoró varias horas.
Olivero aseguró que no se aplicaron correctamente los protocolos previstos para este tipo de situaciones.
“La familia fue a la unidad judicial a las 4 de la mañana y recién le tomaron la denuncia cerca de las 9. La Alerta Sofía se activó varios días después”, denunció.
Además, cuestionó la preservación de pruebas en la vivienda donde residía el principal sospechoso.
“No se preservó el inmueble. No fue vallado ni precintado. Las bolsas de residuos fueron revisadas por periodistas y luego retiradas por el servicio de recolección”, indicó.
Según afirmó, las pericias fundamentales también se realizaron con demora.
“Fueron con luminol recién el jueves, cuando ya había ingresado mucha gente a la vivienda. Todo lo que se hizo estuvo mal hecho”, aseguró.
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Reclamo por políticas de prevención
Olivero también vinculó el caso con el desmantelamiento de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia de género y la protección de niñas, niños y adolescentes.
“Tenemos desactivado y sin recursos el Ministerio de la Mujer. La Secretaría de la Mujer recién apareció cuando ya se veía un posible final trágico”, manifestó.
Asimismo, remarcó la importancia de herramientas preventivas como la Educación Sexual Integral (ESI) y cuestionó la falta de asistencia estatal durante las primeras jornadas de búsqueda.
“Toda la tarea de prevención es fundamental. Hay una estructura que no tiene perspectiva de género”, afirmó.
Convocatoria y pedido de justicia
La referente feminista sostuvo que el caso trasciende a la investigación puntual y reclamó una revisión profunda del funcionamiento de los organismos encargados de actuar ante situaciones de violencia.
“No estaríamos hablando de esto si se hubieran tomado las medidas que correspondían. Tiene que caer este poder de impunidad que está en Córdoba y en todo el país”, señaló.
Finalmente, convocó a continuar con las movilizaciones y reclamos públicos.
“Llamamos a salir fuertemente para exigir justicia por Agostina y por todas las que nos faltan”, concluyó.
