La Justicia ordenó la prisión preventiva por 60 días para un policía de 36 años investigado por una serie de amenazas y hechos de violencia ocurridos el pasado viernes en la ciudad de San Cristóbal. La medida fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, durante una audiencia realizada de manera remota.
La causa está en manos de la fiscal Hemilce Fissore, quien solicitó que el imputado, identificado por sus iniciales NRP, permanezca privado de la libertad mientras continúa la investigación. El magistrado hizo lugar al pedido al considerar que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa del proceso, la probable autoría de los hechos atribuidos.
Una jornada marcada por las amenazas
Según la investigación, los episodios ocurrieron en distintos momentos del mismo día y mientras el efectivo policial se encontraba de franco.
El primero de los hechos se registró durante la tarde, cuando el acusado habría mantenido un cruce con un vecino al que presuntamente amenazó con agredir físicamente y efectuarle disparos utilizando su arma reglamentaria. La situación generó temor tanto en la víctima como en su entorno familiar.
Poco después, la investigación señala que el hombre se dirigió al Club Independiente de San Cristóbal, donde habría insultado e intimidado a un periodista que se encontraba trabajando en el lugar. El episodio ocurrió en presencia de numerosos niños y personas que participaban de actividades deportivas.
Las acusaciones continuaron durante la noche. De acuerdo con la Fiscalía, el policía envió mensajes intimidatorios y ofensivos a su expareja en un contexto de violencia familiar y de género. Posteriormente, se presentó en el domicilio de la mujer y mantuvo una actitud de hostigamiento que derivó en nuevos momentos de tensión.
Un contexto de violencia familiar
La investigación también sostiene que familiares del imputado intentaron intervenir para evitar una escalada del conflicto. Sin embargo, la situación derivó en discusiones y agresiones que incrementaron el temor de la mujer involucrada, quien además se encontraba junto al hijo menor de ambos.
Para la Fiscalía, el contexto de violencia de género fue uno de los elementos centrales al momento de solicitar la prisión preventiva. También se valoró la condición de funcionario policial del acusado y el hecho de que los distintos episodios se desarrollaran en espacios públicos y frente a menores de edad.
Los argumentos de la Justicia
Al resolver la medida cautelar, el juez consideró acreditados los requisitos necesarios para sostener la investigación y evaluó la existencia de riesgos procesales, especialmente la posibilidad de entorpecimiento probatorio.
Asimismo, tuvo en cuenta circunstancias agravantes vinculadas a la función que desempeña el imputado, su autorización para portar armas de fuego y la reiteración de conductas ocurridas en una misma jornada.
La resolución también descartó alternativas propuestas por la defensa al considerar la naturaleza de los hechos investigados y el contexto de violencia de género expuesto durante la audiencia.
Los delitos atribuidos
La imputación comprende amenazas reiteradas en dos oportunidades y amenazas calificadas cometidas en un contexto de violencia familiar y de género.
Mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios, el efectivo permanecerá detenido durante los próximos dos meses, plazo durante el cual la Fiscalía continuará profundizando la investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
