Cuatro meses atrás, el ministro de Trabajo de la Nación Jorge Triaca cobró gran notoriedad: un audio en el que insultaba a su empleada doméstica circuló a través de las redes y generó fuerte polémica. El conflicto no se detuvo allí, pues Sandra Heredia denunció que el titular de la cartera laboral la había designado en la seccional de San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) luego de haber pedido un aumento de sueldo.
Tiempo después, luego de que Triaca resolviera indemnizar a su empleada, la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso emitió una resolución en la que se resuelve una serie de medidas.
Según el documento, la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción resolvió hacer saber a Triaca que «debió actuar en forma prudente y no consentir la contratación de la Sra. Sandra HEREDIA en el SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), transmitiendo al entonces Interventor su oposición en atención a las implicancias del caso (art. 9 del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)».
Además, se indicó al ministro que «deberá evitar la adopción de decisiones que pongan en riesgo la imagen que debe tener la sociedad respecto de la función pública, generando dudas sobre su integridad o la de su jurisdicción (art. 9º del Código de Ética en la Función Pública, Decreto 41/99)».
