El Senado comenzará esta tarde a debatir la reforma de la Ley de Alquileres, aprobada con media sanción el miércoles pasado en la Cámara de Diputados con el impulso de Juntos por el Cambio.

La Comisión de Legislación General del Senado tendrá su reunión constitutiva este martes a las 17 y luego habrá un plenario con la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la modificación de la Ley de Alquileres, como también los proyectos que ingresaron por la Cámara alta de los senadores Clara Vega, Magdalena Solari Quintana, del radical Julio Martínez, Maurice Closs y Carolina Losada.

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados rebaja de tres a dos años la duración de los contratos de alquiler y habilita la actualización cuatrimestral de los precios (es decir, un máximo de tres aumentos por año), dejando que las partes acuerden libremente en base a qué indicadores atar esos aumentos.

El panorama en el Senado para convertir en ley la iniciativa es complejo pero para nada imposible. Para llegar a los 37 votos con los que se aseguraría la aprobación, Juntos por el Cambio debe sumar a sus 33 legisladores otros cuatro votos más.

Uno de esos cuatro provendría del gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, de quien descuentan que votará a favor dado que sus dos diputados nacionales así se expresaron en la votación de la Cámara baja.

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Los restantes tres votos son una incógnita, pero podrían venir de la mano de la misionera Magdalena Solari Quintana (del Frente Renovador de la Concordia), dado que uno de los dos diputados de ese espacio provincial, Carlos Fernández, votó a favor el miércoles pasado (el otro misionero, Diego Sartori, se ausentó alegando motivos de salud).

Finalmente, la llave para aprobar este proyecto estará en el bloque Unidad Federal, que está compuesto por cuatro peronistas ex Frente de Todos (el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el entrerriano Edgardo Kueider y la puntana Eugenia Catalfamo), y la schiarettista Alejandra Vigo.

En la Cámara de Diputados, los representantes de Córdoba Federal se dividieron: mientras que Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca votaron a favor, Natalia De la Sota lo hizo en contra.

Desde Juntos por el Cambio temen que el oficialismo intente embarrar la cancha supeditando el aporte al quórum de la sesión de Alquileres al hecho de que se incluya en el temario el pliego para la continuidad de la jueza Ana María Figueroa, quien tiene en sus manos la decisión de si envía a juicio oral la causa Los Sauces/Hotesur que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El 9 de agosto pasado, la camarista de Casación Penal, a quien Juntos por el Cambio le endilga una supuesta afinidad con el kirchnerismo, cumplió 75 años, la edad límite establecida en la Constitución Nacional para ejercer como magistrada, pero sigue en el cargo (sin poder firmas sentencias ni resoluciones administrativas) por una reglamentación del Consejo de la Magistratura que se lo permite pese a no tener acuerdo del Senado.

Días atrás, la bancada opositora liderada por Alfredo Cornejo le envió una nota a la titular del Senado, Cristina Kirchner, y a la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Anabel Fernández Sagasti, para que «se archive» el pliego de Figueroa.

El Frente de Todos ya intentó sin éxito aprobar dos veces el pliego de la jueza, y ahora podría utilizar la Ley de Alquileres como moneda de cambio para una transacción de beneficio mutuo con Juntos por el Cambio.

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Hasta el momento, el Senado apenas ha consumado una sola sesión para aprobar leyes, el 13 de abril pasado, cuando se aprobó el proyecto de Fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe; la Ley de Alcohol Cero; la exención de ganancias para trabajadores de la salud; el Programa Nacional del Cardiopatías Congénitas; la eliminación del trámite de fe de vida para jubilados y pensionados; el Certificado Único de Discapacidad; la Ley de Promoción de la Enfermería; el proyecto que reconoce la Lengua de Señas como idioma viso-gestual; y la Ley Lucio.

Proyecto sobre Deudores Alimentarios Morosos

El plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto también tratará otras dos iniciativas además de Alquileres: la creación en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM) -que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre del año pasado- y el proyecto de ley presentado por el senador fueguino Matías Rodríguez para modificar el artículo 69 del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de permitir el cambio de nombre y apellido con y sin intervención judicial para víctimas de delitos contra su integridad sexual por parte de alguno de sus progenitores o ascendientes y descendientes.

El proyecto sobre Deudores Alimentarios Morosos tiene como objetivo conformar una base de datos dinámica y unificada de los deudores alimentarios morosos de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales.

Quedarán inscriptos en el ReNDAM las personas obligadas al pago de alimentos que tengan mora por falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco alternadas.

El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen «la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública», entre otros.

Además, se prevé que las personas inscriptas en el ReNDAM no podrán ingresar, en carácter de espectadores/as, a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.

Fuente: NA