El Gobierno de Santa Fe derribó este lunes el búnker donde operaba uno de los principales acusados por el crimen del policía Rodolfo Manfredi, hecho ocurrido el 11 de junio en el barrio Villa Banana. En el caso ya son cuatro los integrantes del clan Muñoz que se encuentran acusados.
El inmueble, ubicado en la esquina de avenida 27 de Febrero y Gutenberg, era la vivienda de Eduardo Múñoz, uno de los principales sospechosos del homicidio y líder de la organización narcocriminal. Se trata del cuarto punto de venta de estupefacientes inactivado en ese barrio durante las últimas dos semanas.
Eduardo fue detenido el 25 de junio en la zona sur de Rosario, en el barrio Tablada, y, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, fue trasladado a un penal de ese distrito. Sobre él pesaba una recompensa de $20 millones, impuesta por el Ministerio de Seguridad.
Al día siguiente de su captura, se formalizó su imputación como líder de la asociación, agravado por violencia física y amenazas, y como coautor de comercialización de estupefacientes, homicidio calificado contra un miembro de las fuerzas de seguridad pública y dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego.
Durante el operativo de este lunes, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la continuidad de la intervención en Villa Banana: “Hace unos días estuvimos acá, en el derribo de otros tres inmuebles ubicado a pocos metros de este. Hoy llegamos al búnker número 130 en toda la provincia y este procedimiento forma parte de la misma causa que investiga el homicidio del policía federal ocurrido en este barrio”.
Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de Acusación (MPA), César Cabrera, explicó que, tras el crimen del agente federal, se conformó un equipo conjunto de investigación entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación para abordar de manera integral la violencia vinculada al narcomenudeo en Villa Banana.
“El Ministerio Público Fiscal federal investiga el homicidio, mientras que el MPA trabaja sobre los hechos de violencia asociados al narcomenudeo, que entendemos fueron el origen de lo ocurrido aquella noche”, señaló el fiscal.
Cabrera precisó que, a partir de esa investigación, se identificaron distintos inmuebles utilizados para la comercialización de estupefacientes.
Finalmente, el fiscal remarcó que la intervención estatal en dicho barrio continuará más allá de este procedimiento: “La aprehensión de los principales investigados y el derribo de este inmueble no cierran la investigación. Vamos a sostener una intervención focalizada en el barrio para seguir desarticulando las estructuras vinculadas al narcomenudeo y reducir los niveles de violencia”.
Con este procedimiento, la provincia alcanzó los 130 búnkeres derribados desde la entrada en vigencia de la Ley de Microtráfico, sancionada por la Legislatura en diciembre de 2023. Los operativos se realizan desde comienzos de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia Provincial, la Policía de Santa Fe, las fuerzas federales y los gobiernos locales.
Fuente: NA
