El fallo, que responde a una demanda presentada por el partido ultraderechista Vox, fue dividido: seis magistrados votaron a favor y cinco en contra de declarar la inconstitucionalidad de la medida.
Según la emisora, el fallo sostiene que las limitaciones a la circulación violaban derechos básicos de los ciudadanos y, por lo tanto, el estado de emergencia era insuficiente para darles respaldo constitucional.
Con la pandemia en auge, el Gobierno declaró el estado de emergencia el 14 de marzo de 2020, ordenando a la gente por varias semanas salir a la calle solo para hacer las compras básicas o realizar actividades esenciales.
El fallo llegó en medio de un repunte de los contagios asociado a la variante Delta y justo cuando algunas regiones vuelven a anunciar restricciones.
Cataluña, uno de los epicentros de esta escalada, se aprestaba a pedir autorización a la Justicia para recuperar el toque de queda nocturno en Barcelona y las localidades más afectadas, siguiendo el ejemplo de la vecina Comunidad Valenciana, que ya obtuvo el visto bueno.
Los tribunales de las islas Canarias denegaron, sin embargo, el que habían pedido las autoridades locales.
De conseguirlo, Cataluña aceleraría así la marcha atrás iniciada la semana pasada, cuando decretó el cierre de los locales de ocio nocturno en los espacios interiores por al menos 15 días, alarmada por la explosión de contagios.
«Los datos son más que pésimos, son francamente muy, muy malos», alertó el lunes el responsable regional de Salud, Josep Maria Argimon, durante una conferencia de prensa en la que se anunció el cierre de todas las actividades a las 0.30.
Con una incidencia acumulada de 3.311,46 casos por 100.000 habitantes en 14 días entre los jóvenes de 20 a 29 años, Cataluña lidera el rebrote, cuando la media nacional para todas las edades es de 436,75 casos.
En las últimas tres semanas, esta región de 7,7 millones de habitantes diagnosticó alrededor de 100.000 de los 800.000 positivos que acumula desde el comienzo de la pandemia, según el diario local La Vanguardia.
En ese contexto, municipios como el de Barcelona reclaman auxilio desde hace días para controlar el acceso a playas y parques, puntos de concentración de las reuniones de jóvenes desde que a principios de mayo se levantó el toque de queda.
Impulsada por la contagiosa cepa originada en la India y con gran parte de la población vulnerable vacunada, esta nueva ola es diferente, con pacientes más jóvenes, muchos todavía sin vacunar o con la pauta incompleta.
«Ahora lo que nos está cargando mucho es la hospitalización; la incógnita es saber si esto hará un viraje hacia la unidad de terapia intensiva, como pasó en otras olas o si, al ser un paciente más joven, probablemente no acaba llegando», explicó Álvaro Arcocha, subdirector médico del Hospital de Bellvitge, en el área metropolitana de Barcelona.
La mayor preocupación ahora es gestionar el repunte en pleno período de vacaciones del personal sanitario y tras la relajación de las medidas, como la del uso del tapabocas, que no es obligatoria en exteriores desde el 26 de junio.
Los gobiernos regionales tampoco pueden recurrir ya al escudo legal del estado de alarma, que dejó de regir a comienzos de mayo, lo cual obliga a que decisiones como el toque de queda deban ser avaladas por la Justicia.
La apuesta nacional es, de momento, seguir acelerando una vacunación que avanza a muy buen ritmo.
«En la semana del 19 julio lograremos 25 millones de españoles con pauta completa; eso significa que antes que acabe agosto estaremos ya con 70% de la población inmunizada con pauta completa», ponderó anoche en una entrevista el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
