Trabajan para el Estado y son parte de la estructura que sostiene muchas de las políticas culturales y sociales que las gestiones municipal y provincial exhiben con orgullo. Sin embargo, víctimas de la precarización laboral por años, son monotributistas, tienen contratos irregulares o llenan planillas mensuales, sin acceder a vacaciones, obra social ni licencias.
Son unos 800 trabajadores que ante el recambio de autoridades tanto en el Palacio de los Leones como en la Casa Gris y la incertidumbre de no tener respuestas, redoblaron su reclamo.
El recrudecimiento del conflicto ya obligó a reprogramar actividades culturales, como en el Cine Público El Cairo y la Plataforma Lavardén, también se restringió la atención en el Acuario.
Muchas de las áreas del municipio participaron ayer de la movilización del Sindicato de Municipales (ver página 4) y en la Casa Arijón organizaron para este viernes una intervención artística en defensa del espacio.
El mapa de la precarización fue presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Lorena Almirón, secretaria general del gremio desde el 6 de noviembre, recalcó la cantidad de empleados que trabajan en condiciones de precariedad y afirmó que «existe un circuito que hace que muchos lleven hasta seis años en esas condiciones».
El número alcanza los 800, tanto en secretarías municipales como en ministerios provinciales, y toma diferentes formas en cada sector.
Para graficarlo, Almirón refirió el caso del Acuario, un espacio que se sostiene con 35 trabajadores y 40 residentes que hacen las guías, y que aún no saben qué será de sus convenios en 2020.
«Es gente que ya pasó por el Tríptico de la Infancia, por Educación Ambiental y ahora está en el Acuario, ese es el circuito de precarización del que hablamos», detalló la gremialista.
Incertidumbre
Si bien el relevamiento de ATE se inició por las secretarías municipales, también hay áreas provinciales afectadas. «Aún hoy se sigan acercando al gremio personas en estas condiciones», dijo Almirón.
Admitió que el escenario «es de largo plazo», pero señaló que ahora «la situación se agravó ante la incertidumbre que genera la falta de respuestas y el final de las gestiones en la ciudad y la provincia».
Todo eso multiplicó las medidas: hubo volanteadas, cortes de calles, pedidos de audiencia a funcionarios, asambleas en las reparticiones, paros y cartas abiertas. Y como los modos de contratación son diversos, cada sector obliga a discusiones específicas.
En el municipio, la Secretaría de Cultura tiene como monotributistas a quienes trabajan tanto en el Tríptico de la Infancia como en la Escuela Móvil, también en Desarrollo Social hay 25 contratos irregulares en la Dirección de Juventudes y las 29 psicólogas y abogadas que acompañan víctimas de violencia de género en el Teléfono Verde, lo hacen con contratos a través de los colegios profesionales.
Los centros de salud barriales no están exentos, ya que son 70 los trabajadores que se desempeñan allí de manera irregular, y un caso particularmente sensible es el de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Santa Fe; no sólo por el modo de contratación, sino porque son 450 las personas afectadas en la ciudad, y más de mil en la provincia.
El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, creado hace 12 años, tiene a unos 200 trabajadores en condiciones de precariedad que atienden espacios de recreación, y en los últimos días «ante la incertidumbre» del cambio de gestión pusieron a circular una carta de adhesión en redes sociales.
Paso a paso
«Muchas de las políticas públicas se sostienen con sueldos de miseria», recalcó la secretaria General de ATE, y remarcó que en más de un caso «son estos trabajadores los que ponen el cuerpo en el territorio».
En el caso de Niñez se trata de quienes «acompañan los casos de vulnerabilidad extrema de niñas, niños y adolescentes» que están separados de sus centros de vida, y si bien los reclamos llevan años, «recién hace un tiempo logramos que dejaran de cobrar el 20 de cada mes y que se les reconozca la licencia por maternidad y enfermedad».
Otro paso dado en los últimos días fue la reunión que mantuvieron las operadoras del Teléfono Verde con referentes de la nueva gestión municipal. «Logramos que se garantizara la continuidad a través de contratos, no es lo ideal en un municipio que dice destinar gran parte de su presupuesto a prevenir la violencia de género, pero todo es paso a paso».
