El gobierno nacional formalizó la autorización a la compañía aérea LATAM a operar el vuelo entre San Pablo y las Islas Malvinas con escala en Córdoba, que había sido acordado entre los gobiernos de Gran Bretaña y la Argentina tiempo atrás.

Lo hizo mediante el Decreto 602/2019 que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña, Jorge Faurie y Guillermo Dietrich, publicado hoy en el Boletín Oficial.

Actualmente la conexión entre el continente y las islas está siendo cubierta con un vuelo mensual, también de LATAM que, partiendo de Punta Arenas, Chile, hace escala en Río Gallegos.

Con la autorización a este vuelo, serían dos entonces las frecuencias a las islas, ya que se sumaría el vuelo que unirá cuatro veces por mes San Pablo y Puerto Argentino, y una de esas frecuencias hará escala en Córdoba.

En los considerandos del Decreto se indica que «la operatoria propuesta se enmarca en el «Acuerdo sobre Transportes Aéreos Regulares entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Federativa del Brasil» y que «atento las características del servicio de que se trata, y en consideración al interés general del caso», consideran «conveniente dar curso favorable» a la solicitud realizada en su momento.

Esta necesidad de aumentar la cantidad de vuelos a las Islas fue planteada por los propios habitantes de Malvinas, quienes pretendían una mayor conectividad con el continente.

El Decreto instruye a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte, «en su calidad de autoridad de aplicación en la materia», a «la realización de las acciones que permitan la efectiva implementación de las autorizaciones que se confieren».

Finalmente, el decreto autoriza «a la empresa de bandera brasileña Tam Linhas Aéreas S.A. por motivos de interés general el ejercicio de derechos de tráfico en los tramos de cabotaje Córdoba-Islas Malvinas e Islas Malvinas-Córdoba.

Unas 27.603 motos fueron patentadas en agosto, 33% menos que en igual mes de 2018, cuando se habían registrado 41.168 unidades, informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

El octavo mes del año registró así una baja de 10% con respecto a julio (cuando se habían registrado 30.682 unidades); y la comparación de los primeros ocho meses contra el mismo período del 2018 muestra un descenso de 45,1%.

«Es importante recordar que siguen vigente los planes de 12 y 18 cuotas sin interés para la adquisición de motovehículos, que permitirá amortiguar la baja de la actividad económica», afirmó Ricardo Salomé, presidente de Acara.

Por su parte, Rubén Beato, secretario general de la institución, destacó que «pese a la coyuntura, valoramos el esfuerzo de continuar esta medida de financiación, que para este sector es clave para poder completar el año de forma aceptable».

En cuanto a la participación de mercado, Honda mantuvo su liderazgo con 7.712 unidades, seguida por Motomel con 3.405; Corven conservó el tercer lugar con 2.875 unidades y, por segundo mes consecutivo, desplazó a la cuarta posición a Zanella, con 2.335 unidades.

Por su parte, Yamaha se mantuvo al igual que en julio en el quinto puesto en agosto con 2.017 unidades y Keller se ubicó en el sexto puesto con 1.818 unidades.

El gobierno nacional incorporó hoy a la eliminación del Impuesto al Valor Agregado a monotributistas y autónomos. Lo determinó el presidente Mauricio Macri a través del decreto 603/2019 publicado en el Boletín Oficial con su firma, la de su jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.

La administración nacional decidió que se encuentren alcanzadas por una alícuota cero las ventas de los productos de la canasta básica alimentaria que realicen monotributistas y responsables inscriptos. Esta medida será aplicada para quienes realicen venta al por menor en supermercados y minimercados (incluye mercaditos, autoservicios y establecimientos similares que vendan carnes, verduras y demás productos alimenticios en forma conjunta).

También beneficia a kioscos, polirrubros y comercios no especializados; los que no tengan predominio de productos alimenticios y bebidas; y a aquellos que se dedican a la venta al por menor de productos lácteos.

Asimismo, beneficia a quienes realizan venta al por menor de productos de almacén y dietética; y comercialización al por menor de huevos, carne de aves y productos de granja y de la caza; como así también frutas, legumbres y hortalizas frescas.

Por último, quedan exentos de pagar IVA quienes se dedican a vender pan y productos de panadería; productos alimenticios no clasificados previamente; alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles y mercados; entre otros.

El gobierno explicó en los considerandos de la medida que tomó la decisión de ampliar la rebaja del IVA «por el contexto económico y social imperante» en el que se encuentra la Argentina por la crisis económica. «Resulta conveniente su ampliación a los canales de comercialización o distribución mayorista o minorista, con el objeto de asegurar el acceso de toda la población a los beneficios del mismo», agrega el texto del decreto.

Además dice que «una de las funciones primordiales del Estado es la de velar por una justa convivencia social y por el buen orden de la cosa pública en aras del interés general, es decir, de toda la comunidad».

Ante la falta de acuerdos con la oposición, el Gobierno decidió hoy retrasar el envío al Congreso del proyecto sobre «reperfilamiento» de deuda al Congreso y se suspendió también la presentación del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pautada para este miércoles.

El encargado de hacer pública la postergación de los tiempos del debate fue el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, con un escueto tuit tras participar de una reunión junto a Lacunza, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó; el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto; y el secretario de Interior, Sebastián García de Luca.

Allí afinaron la estrategia parlamentaria y descartaron la idea original que consistía en que el ministro de Hacienda se presentara el próximo miércoles a las 15:00 en el Salón Atrio, ante la veintena de legisladores que integran la comisión bicameral de seguimiento de la deuda, para defender el proyecto sobre la extensión de los plazos de los vencimientos de los títulos contraídos por personas jurídicas que fueron emitidos bajo normativa argentina.

Con las negociaciones con la oposición estancadas, el oficialismo consideró que no estaban dadas las condiciones políticas para llevar a buen puerto la aprobación de un proyecto de envergadura que genera dudas y suspicacias en buena parte del arco político por el impacto que podría tener en la posición argentina respecto a sus compromisos financieros a futuro.

El propio jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Marcelo Fuentes, ya había adelantado en la mañana de este lunes que veía «muy difícil» el tratamiento de la iniciativa «en los términos de tiempo» planteados por el oficialismo.

«Hablé con los senadores del oficialismo y no tenían idea de qué se trataba lo que estaban anunciando en Casa de Gobierno», comentó el neuquino.

Dado este escenario, el oficialismo definió al menos una semana más antes de remitir el proyecto al Congreso, ya que la idea sería pulir la letra chica del texto con aportes de referentes económicos de la oposición, y de esa manera lograr que el camino de la iniciativa en el Congreso enfrente menos resistencias.

Lacunza ya había iniciado subterráneamente contactos informales con integrantes del equipo económico de los candidatos presidenciales Alberto Fernández y de Roberto Lavagna, y también con economistas cercanos al oficialismo como Carlos Melconian y Martín Lousteau.