El cuerpo de Camila López, una de las víctimas de la trágica persecución policial registrada en San Miguel del Monte, fue exhumado hoy para ser sometido a una nueva autopsia en busca de posibles impactos de bala.

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El cadáver de la chica de 13 años será sometido en la morgue de Lomas de Zamora a nuevos peritajes, ante la posibilidad de que los anteriores pudieran presentar anomalías, dado que fueron realizados por médicos de la Policía Bonaerense.

Esa fuerza, precisamente, es la que está bajo sospecha por la participación de al menos una docena de efectivos en los hechos que derivaron en la muerte de cuatro adolescentes y la posterior cadena de encumbrimientos.

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La abogada Margarita Jarque, que representa a la familia de la adolescente, confirmó que «el objetivo de la reautopsia es determinar si Camila presentaba una herida de bala producida por los efectivos que participaron de la persecución».

Las sospechas se originan en que el cuerpo de uno de los chicos que viajaba con Camila en el auto que fue baleado por efectivos policiales presentaba un disparo en un glúteo, tal como lo demostró una pericia realizada por la Gendarmería Nacional.

Esa certeza derrumbó la versión policial que en principio negaba el uso de armas de fuego en la persecución que llevó al Fiat 147 en que viajaban los jóvenes a chocar contra un camión, con el trágico saldo de cuatro muertos y una herida grave.

El gobierno nacional se hizo oír en una jornada en la que se realiza el paro nacional en la Argentina.

“Estamos hartos de los paros, es el quinto que sufre este gobierno. Igual, ya sabemos que cuando el partido gobernante no es el de los sindicalistas, hay que bancarse los paros”, lamentó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Desde el comando electoral, donde sigue minuto a minuto lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y en los principales accesos, Bullrich denunció que en el oeste de la Capital y en algunos puntos del conurbano hay situaciones de conflicto: “Supermercados grandes llevan a su personal a trabajar, pero hay grupos de 3 o 4 delegados que les impiden la entrada. Están yendo las fuerzas de seguridad para que puedan trabajar”.

La funcionaria apuntó que algo similar ocurre en algunas estaciones de servicio, por eso consideró: “Los paros con piquetes son poco democráticos y siempre ante esos casos actuamos de la misma manera. No vamos a permitir cortes y no descartamos el uso de la fuerza pública si es necesario”. Asimismo, la funcionaria dijo que todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires están liberados.

Sin embargo, en alguna zonas del Gran Buenos Aires la situación no tiene el mismo nivel de control. Según informó la ministra, hay reportes de que grupos de sindicalistas le impiden el ingreso de empleados a supermercados e hipermercados de zona oeste con la quema de gomas. Algo similar -continuó la funcionaria- sucedió en el sur del conurbano bonaerense, donde los trabajadores de dos estaciones de servicio “también fueron apretados”.

“Estamos trabajando en puente La Noria, puente Pueyrredón, Autopista Ezeiza y en la Panamericana impidiendo los cortes con las fuerzas federales”, resaltó la ministra, quien fue categórica con la medida de fuerza: “El paro es antidemocrático porque no dejan trabajar a la gente”.

Las fuerzas federales, como sistema novedoso para prevenir los cortes, instalaron una estructura metálica, un vallado hidráulico, que se utilizó en el operativo del G20 en diciembre pasado. Un mecanismo que la ministra Bullrich denominó como “supervalla”.

“Es un camión de porte grande que abre una valla en determinado lugar con el objetivo de frenar a la gente e impide que tengamos que estar con el personal frente a frente respecto a los manifestantes, que en muchos casos se acercan en una actitud de querer pasar a la fuerza”, explicó.

Con el paro, que se organizó en reclamo a las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, se verán afectados durante toda la jornada casi todos los servicios públicos. La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), a su turno, confirmó su participación en la medida de fuerza, motivo por el que no habrá vuelos, subtes, trenes, colectivos, puertos ni transporte marítimo.

A partir de la adhesión de la CTA de Hugo Yasky y del frente sindical liderado por Hugo Moyano, que incluye a 70 gremios agrupados, se espera que la medida de fuerza tenga un fuerte impacto en todo el país.

“Toda la gente que quiere trabajar, que tiene sus comercios, que quiere cobrar su premio le impiden ir a trabajar. Ya es como una especie de rutina. Es algo fuera de lugar. Le impiden a la gente que viaje. Es una situación en contra de la libertad, del trabajo y de que la gente tome decisiones por sí misma”, señaló.

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la compra de dos departamentos en el edificio donde vive la ex presidenta Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta.

Esta causa es un desprendimiento de la conocida como de los Cuadernos, en la que la ex mandataria está procesada como presunta jefa de una asociación ilícita que percibió coimas por la adjudicación de obra pública durante el anterior gobierno.

El procesamiento alcanzó también, entre otros, a Osvaldo De Sousa, hermano del socio de López, y a Osvaldo Sanfelice, y a todos les trabó un embargo de 40 millones de pesos.

En su resolución, el magistrado los acusa, con distintos grados de responsabilidad, de estar incursos en el delito de lavado de dinero, para el que la ley prevé una pena de entre 3 y 10 años de prisión.

El Centro de Información Judicial (CIJ) informó que a los empresarios se les imputó «haber puesto en circulación en el mercado, con el fin de aparentar un origen licito, parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por la asociación ilícita, que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta el 2015».

De acuerdo con la resolución judicial, la «finalidad» de esa asociación «fue la de organizar un sistema de recaudación de fondo para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional».

En el caso que deriva en el procesamiento de los empresarios, «la maniobra imputada consistió en comprar con el dinero de origen ilegal dos departamentos, ubicados en el edificio de la calle Juncal 1409/11 esquina calle Uruguay 1306/1310 pisos 1 y 4», sostuvo Bonadio.