El dirigente radical le puso una posible fecha de vencimiento a la alianza oficialista, en momentos en donde se discute un rearmado al interior de Cambiemos.

El dirigente radical Ricardo Alfonsín vaticinó que en el caso de que el presidente Mauricio Macri perdiera las próximas elecciones y no hubiera un segundo mandato entonces la alianza de la UCR con el PRO en Cambiemos «no seguiría».

«Si perdieran las elecciones yo creo que sería la oportunidad para que el partido diga `bueno, muy bien, ya ganó otro partido, ahora podemos empezar a discutir si hacia adelante`. Podemos reunirnos con fuerzas que piensan igual y hay que crear un espacio que está vacante en la Argentina y lo representan distintas fuerzas que están compitiendo entre sí. Deberán reunirse en el espacio socialdemócrata», indicó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín.

«No son las ideas las que nos unen»

En una entrevista a radio Milenium, el ex diputado nacional dijo que en algún momento la UCR deberá replantear su estrategia y «tomar la decisión de juntarnos con los que piensan igual para competir contra los que piensan distinto, no al revés».

«No son las ideas las que nos unen, no son las ideas económicas sociales», enfatizó, y agregó que lo que unió a la UCR con el PRO en 2015 fue «la amenaza que se cernía sobre la República» ante la eventualidad de un nuevo mandato del Frente para la Victoria.

Para Alfonsín, la UCR no debería pedir la candidatura a vicepresidente para acompañar en la fórmula a Mauricio Macri, sino presentar candidatos propios dentro de la alianza Cambiemos.

La crítica situación del organismo generó un fuerte repudio en las redes sociales.

Los resultados de la convocatoria 2018 de ingreso Conicet reveló los estragos que provocaron las políticas de ajuste de Cambiemos en el área de Ciencia y Tecnología: de 2.500 candidatos, sólo ingresaron 450. Producto del ajuste y los recortes al sector, cerca de 2.050 doctores (grado y posgrado, formados en universidades nacionales por más de 12 años) quedaron excluidos.

La situación se viralizó rápidamente en las redes y generó la indignación de los usuarios ya que desde que asumió Mauricio Macri, la investigación y el desarrollo científico se convirtió en una carrera privilegiada para unos pocos.

Las oportunidades no sólo mermaron dentro del Conicet -el organismo más importante del país en la materia-, sino también en entes descentralizados como INTA, INTI, CNEA y CONAE. En todos ellos los despidos se contaron por centenares, y las contrataciones a cuentagotas.

Por otro lado, aquellos que sí logran mantenerse en carrera tampoco viven un paraíso laboral. Por ejemplo, un becario doctoral con dedicación exclusiva, esto quiere decir que no puede tener otro trabajo, recibe como salario unos 23.700 pesos, cuando la canasta básica está calculada en 26 mil.

La crisis se profundiza y comienza a resonar la conocida frase “fuga de cerebros”. Según detalló el portal El Tribuno, si se observa los números del programa Raíces, creado por el gobierno anterior para repatriar científicos. Hasta 2016 logró el retorno de casi 1.300 investigadores, a un promedio de 102 por año. Con el macrismo, en 2017 y 2018, sólo regresaron seis.

“Hace tres años que Macri y Barañao pusieron fin a una política de crecimiento y expansión del CONICET y discontinuaron el Plan Argentina Innovadora 2020, que preveía aumentar la cantidad de científicos en el país. Hoy cientos de jóvenes investigadores piensan en irse al exterior”, aseguró a Canal Abierto el bioquímico, diputado nacional y expresidente del Conicet, Roberto Salvarezza.

Se trata de una serie de sugerencias del organismo de crédito luego de bajar el pronóstico de recaudación en Argentina para 2019.

Fondo Monetario Internacional (FMI) reajustó a la baja su pronóstico sobre la recaudación 2019 y calcula que ingresarán $10.000 millones menos que los estimados a fines de 2018. Es algo así como 1,7% menos del PBI y proponen compensarlo con “una combinación de inflación más alta, más crecimiento y caídas discrecionales en el gasto”.

De este modo, el organismo propone que el 0,75% del PBI se compensaría mediante la reducción de salarios y jubilaciones producto de la mayor inflación.

Otro 0,3% por la reducción de las transferencias a las provincias por la baja de la recaudación y su impacto en coparticipación; y otro porcentaje parecido por la baja de subsidios.

De este modo restaría un déficit de 0,4% del PBI por cubrir. Pero desde el staff del Fondo advirtieron que cualquier reducción de la inversión no debe afectar “los proyectos de mayor calidad”.

¿Qué propone el FMI para acercarse al cumplimiento del déficit cero?
– Reducir aún más los subsidios

– Eliminar exenciones tributarias: según publica Clarín, el reporte no lo nombra específicamente pero podría aplicar al caso de los jueces, que no pagan el impuesto a las Ganancias.

-Aumentar las alícuotas diferenciales del IVA para para algunos bienes a los que se les aplica 10,5% en vez del 21%.

– Iniciar una investigación para identificar a los contribuyentes registrados incorrectamente como monotributistas.

Desde el Ministerio de Hacienda, consignó el matutino, ven como “no realistas” a las recomendaciones del Fondo sobre la necesidad de alentar nuevas medidas tributarias en 2019, que además necesitan tratamiento legislativo.

“Muchas se intentaron con la reforma tributaria de 2017 y este año hay elecciones”, comentan cerca del ministro, Nicolás Dujovne. El propio FMI reconoce que el margen de maniobra del equipo económico a medida que se acerquen las elecciones es “limitado”.

Luego de la masiva marcha del jueves, encabezada por la CGT y a la que se plegaron distintas sectores gremiales y organizaciones piqueteras, el Gobierno toma la iniciativa en el ámbito laboral. A través del senador oficialista Roberto Basualdo el Ejecutivo presentó el viernes el proyecto de blanqueo laboral y este martes, promete, será tratado en las comisiones de Trabajo y Presupuesto.

Aunque el articulado fue masticado y consensuado entre el ministro de Producción, Dante Sica, y la CGT, el eco que tendrá en el palacio legislativo es incierto. En un año electoral, el Congreso promete estar casi paralizado. El jueves pasado, de hecho, la oposición intentó tratar una serie de proyectos que golpeaban al Gobierno, pero apenas consiguió quórum y todo quedó en la nada.

Por esa incertidumbre, el Gobierno pese a considerar que el proyecto «es beneficioso para los 3,5 millones de trabajadores informales» existentes, evitó ser impulsor del mismo y lo puso en cabeza del senador. Desde Producción indicaron a Clarín que se procedió de tal manera para darle celeridad al tratamiento, descartando toda especulación política.

Clarín también consultó a la cúspide sindical de la CGT pero se desmarcaron. «No vimos lo que ingresó», dijeron desde la entidad y aseguraron que recién lo harán este lunes cuando se reúnan con sus abogados. Remarcaron que «se habló lo de la Agencia de Evaluaciones Técnicas (Agnet) y del blanqueo laboral nos dijeron que borraban todos los temas de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)»; algo que efectivamente es así. De hecho, cuando el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca impulsaba la Reforma Laboral, ese proyecto incluía modificaciones a la LCT por lo que nunca prosperó.

Tras la Agnet está la CGT. En el articulado que se está ajustando y que también esperan entre en el Senado esta semana se busca incluir que este cuerpo, formado por profesionales de la salud, pueda ser querellante en causas judiciales de afiliados contra las obras sociales por los pedidos para tratarse con medicina fuera de protocolo.

Volviendo al blanqueo laboral, el proyecto lleva el nombre de «Regularización del empleo no registrado, lucha contra la evasión en la seguridad social y registración laboral». Sus 21 artículos apuntan a tres vectores: blanqueo, creación de nuevos puestos de trabajo y bajar la litigiosidad.

Por tema blanqueo, los empresarios tendrán 365 días para formalizar a los trabajadores. Aquellos empleadores que regularicen trabajadores gozarán de una condonación del 100% de la deuda por capital, intereses, multas y punitorios”. También caerán las acciones penales y se los sacará del Registro de Empleadores con sanciones laborales (Repsal). En tanto, al trabajador se le computarán hasta 5 años de aporte. Según las estadísticas de Producción, el promedio de empleo en negro en las empresas por trabajador es de 3 años.

Respecto a la promoción de empleo establece que toda empresa que decida tomar personal dentro de los 365 días desde la aprobación se les reducirá por dos años los aportes y contribuciones. No incluye los aportes al PAMI, obras sociales y las ART.

En cuanto a litigiosidad, la normativa establece al Salario Mínimo Vital y Móvil como unidad de medida para evitar llegar a la Justicia para fijar el monto de una multa. «Con esto atacamos la industria del juicio», dicen desde el Gobierno.