El presidente Mauricio Macri firmará en los próximos días un decreto de aplicación del Plan Nacional Anticorrupción, obligatorio para toda la Administración Pública Nacional, a la que fija políticas de transparencia y de rendición de cuentas.
«El plan forma parte de la estrategia de integridad pública y lucha contra la corrupción, es transversal para todo el Gobierno», adelantó hoy el secretario de Fortalecimiento Institucional de la jefatura de Gabinete, Fernando Sánchez, en una entrevista con Télam.
«Tiene el objetivo y el compromiso político de pelear contra la corrupción, no dejar que pase», agregó.
Señaló que la Secretaría Legal y Técnica está en el tramo final de la redacción del decreto que lo pondrá en marcha.
«Nosotros ya formalizamos ante el Presidente y el nos dio el ok, porque este es un plan del Presidente propuesto por la Oficina Anticorrupción. Lo presentamos ante el Gabinete nacional y se lo notificó a todos los organismos involucrados» para que conozcan «cuál es la metodología y cuáles son los plazos», puntualizó.
Sánchez, dirigente de la Coalición Cívica y «mano derecha» de la diputada Elisa Carrió, remarcó que el plan será «obligatorio, no de cumplimiento voluntario».
En las últimas horas, se le presentó a Macri «un avance» del texto del decreto que en poco tiempo más lo tendrá a su firma, agregó el funcionario que responde al jefe de Gabinete, Marcos Peña.
Dijo que se ha hecho una revisión y consolidación de toda la información requerida a los organismos de la Administración Pública «para verificar que sean acciones contundentes, que no sean obligaciones vigentes actualmente».
Detalló que el plan «se implementará en cinco años y lo distinto que tiene en relación a planes de otros países es que es construido junto con el órgano que va a tener que aplicar las medidas», en referencia a la Oficina Anticorrupción.
La oficina a cargo de Laura Alonso y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional hacen «la coordinación y el seguimiento» en tanto que serán los propios organismos públicos «los que tienen que implementar las acciones identificadas para minimizar y mitigar riesgos de corrupción», explicó.
«Pero también va a participar la sociedad civil» en el seguimiento y control de la Administración Pública, agregó.
En este sentido, precisó que la metodología consiste en «armar una matriz que indica qué variables tiene que contener y qué cosas tiene que lograr, además de cuáles son las acciones posibles».
«Quien tiene el mapa de riesgo del propio organismo es el titular del organismo, porque el riesgo en el Ministerio de Salud no es el mismo que en el Ministerio de Defensa y a su vez no es el mismo que en la Aduana», apuntó.
Sánchez reafirmó que «el objetivo es transversal, abarca a toda la administración, y las acciones tienden al mismo resultado, pero no son todas las mismas, porque no puede haber acciones para combatir determinadas manifestaciones o posibilidades de corrupción en la Aduana que en otro organismo».
