C.E.R. tenía 19 años cuando denunció a su padre, en Reconquista, provincia de Santa Fe, por abusarla sexualmente desde que tenía 13 años. Fue en 2011. Recurrió primero a la Defensoría del Pueblo en su ciudad, pero no obtuvo respuesta. Quedó sola y sin patrocinio jurídico. El fiscal que tomó su denuncia no pidió las medidas pertinentes para probar el delito que ella –y otra hermana– habían sufrido y el juez de Sentencia de los tribunales de Vera, Nicolás Muse Chemes, sobreseyó al acusado, con una sentencia cargada de estereotipos discriminatorios por razones de género: como que las mujeres son fabuladoras; que inventan el abuso para escapar al control paterno; e incluso llegó a afirmar que los abusadores son enfermos. Mañana, el gobierno de Santa Fe realizará un acto de reparación, en el que reconocerá delante de la joven, hoy de 26 años, la responsabilidad del Estado en la vulneración de sus derechos, al no darle una justa respuesta judicial. Y el gobernador Miguel Lifschitz le pedirá disculpas. Será a las 11 en la sede de la Casa de Gobierno, en Rosario.

El pedido de perdón se da en el marco del primer litigio internacional contra el Estado argentino que admitió el Comité de CEDAW, que monitorea el cumplimiento de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación contra la mujer. La demanda la llevaron adelante abogadas del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), de Rosario y del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem). Después de un largo proceso, se llegó el 12 de febrero de 2016 a un acuerdo de solución amistosa con el gobierno nacional y santafesino. El acto de mañana es parte de ese acuerdo. También se le pagará una indemnización por el daño que le causó la falta de justicia.

Las organizaciones de mujeres que llevaron el litigio preservaron siempre el nombre de la joven. Pero mañana, CER recuperará su identidad socialmente porque pidió hablar durante la histórica ceremonia. “Necesito hablar”, les dijo hace unos días a las abogadas. Su principal preocupación es que “se haga algo” para que otras chicas no tengan que pasar por lo que pasó ella: que haya alguien más a quien recurrir frente a una injusticia como la que enfrentó tras la absolución de su padre. El entonces fiscal de Cámara de Rafaela, Reynaldo Voglino, no apeló.

La joven pidió también que se haga un acto de reparación en Reconquista, la ciudad en la que vivía con su familia, y de donde se tuvo que ir, luego de que su abusador, quedó libre. C.E.R. vive ahora en Rosario, en una casa que le dio el gobierno de Santa Fe, como parte de la reparación acordada. También le garantizó un empleo estatal, en el Registro Civil: hoy se anunciará su pase a planta permanente. La joven tiene un hijo de 5 años.

“El punto más flojo del acuerdo con el gobierno provincial es la capacitación al Poder Judicial, fundamental justamente para que haya un Nunca Más, y no se repitan este tipo de sentencias. Lo que sucede es que las capacitaciones que se organizaron no tienen la continuidad que esperábamos y debería incorporarse además, la perspectiva de género en las facultades de Derecho y exigirla a la hora de evaluar a quienes van a ser designados como magistrados. El otro tema pendiente es ver que se puede hacer para sancionar los jueces y fiscales que intervinieron en el caso”, señaló a este diario la abogada de Cladem, María Gabriela Filoni.

En 2016, el gobernador Lifschitz promovió la candidatura del cuestionado juez Muse Chemes para ascenderlo a camarista penal pero se vio forzado a retirarla luego de la catarata de impugnaciones que presentaron organizaciones de mujeres y legisladoras, por sus antecedentes en el caso de C.E.R.

El padre de la joven fue procesado el 16 de junio de 2011 por resolución del Juzgado en lo Penal de Instrucción de Reconquista al encontrarlo “prima facie” autor responsable de abuso sexual con acceso carnal agravado, reiterado en número indeterminado de veces. Pero Muse Chemes sobreseyó al imputado el 14 de marzo del 2012, en base a concepciones discriminatorias, estereotipos de género y mitos sobre la violación. El 23 de agosto del año 2012 la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Vera, ratificó la sentencia absolutoria, que quedó firme ya que el Fiscal no apeló la resolución. El imputado volvió a su barrio y organizó una fiesta a la que invitó a familiares y vecinos para festejar su libertad. C.E.R. no tenía ninguna representación legal y no fue notificada de la sentencia, que recién conoció a principios del 2013.

Fuente: Página12