El acuerdo con el FMI reaviva el conflicto por los fondos previsionales

En el último pacto fiscal, el gobierno nacional acordó solventar el déficit de las cajas jubilatorias de 13 provincias .

Fue uno de los temas que destrabaron la aprobación de la ley de reparación histórica en 2016 y volvió a tallar en el pacto fiscal que la Nación firmó con las provincias el año pasado. Sin embargo, sigue siendo un foco de conflicto entre la Casa Rosada y 13 distritos en medio de la expectativa sobre cómo se hará el recorte que exige el acuerdo con el FMI .

Se trata del déficit de las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación. Son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Justamente como prenda de negociación para aprobar la reparación histórica en el Congreso y para avanzar con el pacto fiscal, el Gobierno se comprometió a cubrir el déficit de esas cajas de jubilación que no salieron de la órbita de las provincias.

El pasivo total alcanzó en 2017 poco más de 25.000 millones de pesos. Durante el año pasado la Nación transfirió menos de la mitad: $10.845 millones, un 43% del total.

Las cifras surgen de un relevamiento realizado por LA NACION entre las provincias afectadas y de información del Ministerio de Hacienda.

El déficit total de las provincias es aproximado. El cálculo exacto del pasivo cerrará cuando la Nación y cada una de las provincias firmen los acuerdos para avanzar con los pagos en cada caso. Hasta ahora, eso solo ocurrió con Córdoba, que a principios de este año pactó una asistencia financiera de $5092 millones para cubrir el déficit de 2017. A lo largo del año pasado, la provincia que gobierna el peronista Juan Schiaretti recibió $4044 millones, casi un 80 por ciento del pasivo total.

Muy distinto es el caso de las otras 12 provincias que todavía no acordaron con el gobierno nacional. El plazo para hacerlo vence el 30 de este mes y solo están avanzadas las negociaciones con menos de la mitad de los distritos.

En 2017, la partida del presupuesto para asistir a las provincias que conservan sus cajas jubilatorias fue de $14.000 millones. Unos $8000 millones se repartieron de manera automática y en cuotas mensuales según un coeficiente que surge de la cantidad de adherentes al sistema. El resto solo se reparte en la medida en que avance la auditoría de la Anses sobre la base de los datos remitidos por las provincias.

De los $14.000 millones presupuestados, el año pasado la Nación distribuyó $10.845, un 77,4 por ciento del total. La Nación y las provincias se endilgan mutuamente la responsabilidad por las demoras. Desde la Casa Rosada aseguran que son las provincias las que atrasan la apertura de la información de sus sistemas jubilatorios.

Para “armonizar” las cajas necesitan el detalle de la cantidad de personas alcanzadas por el sistema, la relación con la cantidad de trabajadores activos, los montos de las jubilaciones y las condiciones para acceder a ellos.

El objetivo es que todo el sistema jubilatorio se rija por las mismas reglas: escala de haberes, edad de jubilación, condiciones de movilidad y años de aportes necesarios para jubilarse. En el Gobierno añaden, a su favor, que el acuerdo “está muy avanzado” con Buenos Aires, Santa Fe y Formosa.

Desconfianza
En la mayoría de las provincias, en cambio, desconfían de que se pueda cumplir con los plazos previstos. Apuntan a un “exceso de burocracia” por parte de la Anses a la hora de pedir y aceptar la información enviada por los distritos y demoras “intencionales” para postergar el envío de fondos.

“Es financiamiento gratuito para la Nación. Cuanto más demoren [las transferencias], más posibilidades tienen de financiarse con esos fondos. Además, los montos no tienen interés ni se ajustan por inflación. Los atrasos nos obligan a buscar esa plata en otro lado y hacerlo con una tasa del 40 por ciento nos complica mucho”, gráfico su malestar el ministro de Hacienda de una de las provincias afectadas.

La última crisis cambiaria oscureció el panorama de varias provincias también en ese punto. “No solo presupuestan de menos, sino que además subejecutan la partida”, se quejó otro ministro.

Las provincias que recibieron menos fondos, en relación con su déficit, fueron Santa Cruz, La Pampa y Formosa. La provincia que gobierna Alicia Kirchner tuvo en 2017 un déficit de $4732 millones y obtuvo transferencias por $581 millones, apenas un 12,2 por ciento del total. A La Pampa, tierra de Carlos Verna, la Nación envió $236 millones, frente a un pasivo total de $1140 millones (20,7%). En Formosa los envíos ascendieron el año pasado a $280 millones, mientras que el déficit total fue de $1200 millones.

En el otro extremo de la tabla, cobraron los porcentajes más altos Tierra del Fuego ($87 millones, un 43,5% del pasivo), Misiones ($201 millones, 40,2% del total) y Chaco ($613 millones, 30,6%).