El jefe de los fiscales le pidió al Poder Ejecutivo medidas urgentes por el uso de celulares de narcos dentro de la cárcel

Le reiteró un pedido para evitar que los narcos sigan manejando el negocio, sumado a delitos conexos. En Rosario, el 80% de las balaceras se ordenan desde las cárceles donde están los presos.


El procurador interino Eduardo Casal pidió al Poder Ejecutivo a adoptar urgentes medidas por el uso de celulares dentro de las cárceles. Se trata de una de las sospechas sobre los altos índices de homicidios en la ciudad de Rosario así como las balaceras.

En reiteradas ocasiones los homicidios se ordenan desde la cárcel, incluso de máxima seguridad, donde están detenidos los narcos. Días atrás se allanó la cárcel de Rawson, la de Marcos Paz y Ezeiza. Fue ante la sospecha que los detenidos siguen manejando la actividad del narcotráfico.

A Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de la organización narco “Los Monos”, hace unos años se le encontró un teléfono fijo. Ahora está detenido en Marcos Paz y hay sospechas que recibe beneficios en connivencia con agentes del Servicio Penitenciario Federal.

La recomendación se hizo en un encuentro con un grupo de fiscales abocados a la narcocriminalidad. Buscan la instalación de inhibidores en las cárceles, requisas más rigurosas sobre todo aquellos presos de alto perfil criminal y más controles.

Ante el Procurador, la fiscalía anti drogas presentó un informe en le que hizo saber que “las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil -por dirigir o pertenecer a organizaciones narcocriminales relevantes- continúa siendo de uso cotidiano”.

Las sugerencias, que son una réplica de aquellas que se hicieron al Poder Ejecutivo el año pasado, fueron transmitidas al Ministerio de Justicia que conduce Martín Soria pues es quien tiene bajo su órbita al Servicio Penitenciario Federal que conduce María Laura Garrigos de Rébori.

Una constante que surgió durante el encuentro del Procurador con los fiscales fue la sospecha de connivencia de agentes penitenciarios con los detenidos, en lo que hace al ingreso de teléfonos celulares a las celdas para poder ser utilizados por los narcos.

Fuente: NA