Docentes universitarios de todo el país comenzaron este lunes una semana completa de paro que afecta el normal dictado de clases en distintas universidades públicas, entre ellas la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario.
La medida de fuerza se extenderá hasta el sábado 2 de mayo y fue ratificada por los principales gremios del sector en reclamo por la falta de implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, reglamentada en octubre, que contempla la actualización de salarios docentes y el incremento de becas estudiantiles.
En el caso de Rosario, el gremio COAD inició el paro este 27 de abril y convocó a una asamblea para definir la continuidad del plan de lucha en el marco del conflicto salarial y presupuestario. Desde el sindicato remarcaron la necesidad de sostener la unidad del sector para exigir la aplicación de la normativa vigente.
En Santa Fe, la Asociación de Docentes de la UNL (ADUL) también adhiere a la medida, con acciones que incluyen clases públicas durante la semana como forma de visibilizar el conflicto y acercar la problemática a la comunidad educativa.
Desde la Conadu Histórica señalaron que un reciente fallo judicial respalda el reclamo de los docentes y cuestionaron el incumplimiento por parte del Gobierno nacional tanto de la ley como de resoluciones judiciales vinculadas al financiamiento universitario.
En este contexto, el secretario adjunto de la Conadu Histórica y referente de ADUL, Oscar Vallejos, explicó que el paro busca visibilizar la situación del sistema universitario y anticipó la continuidad del plan de lucha. “Este paro busca visibilizar el conflicto. Vamos a dar clases públicas para que el estudiantado pueda comprender la situación”, señaló en EME.
Además, confirmó que el conflicto derivará en una nueva jornada de protesta a nivel nacional. “A nivel nacional acordamos que el 12 de mayo vamos a hacer la marcha universitaria y convocar a toda la comunidad”, expresó.
La medida de fuerza se enmarca en un escenario de creciente tensión entre el sector universitario y el Gobierno nacional por el financiamiento del sistema educativo, con impacto directo en actividades académicas y de investigación en todo el país.
