La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York de dejar sin efecto la condena por más de 16.000 millones de dólares contra la Argentina en el juicio por la estatización de YPF representó un importante alivio para el Gobierno nacional. Sin embargo, el escenario judicial dista de estar cerrado y abre la puerta a una nueva etapa de litigios internacionales.
El fallo del Segundo Circuito estadounidense anuló la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, quien había condenado al país por no haber lanzado una oferta pública al momento de expropiar el 51% de la petrolera en 2012. Según el tribunal de alzada, la magistrada interpretó de manera incorrecta la normativa argentina, lo que derivó en la revisión completa del caso y la anulación de la condena económica.
Pese a este revés, los fondos demandantes —Petersen y Eton Park, respaldados por el hedge fund Burford Capital— confirmaron que no darán por terminado el conflicto. Según trascendió, su estrategia apunta a solicitar una nueva revisión en la justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Este posible giro vuelve a colocar a la Argentina en un terreno históricamente adverso. El CIADI es el principal ámbito de resolución de disputas entre Estados e inversores extranjeros, habilitado a través de tratados bilaterales de inversión firmados en su mayoría durante la década de 1990. En ese foro, el país acumula uno de los peores registros de la región: cerca del 86% de los casos resueltos terminaron con fallos adversos, con laudos que superan los 10.000 millones de dólares.
La posibilidad de que el caso YPF llegue a este tribunal no es inédita. Tras la expropiación, la española Repsol ya había iniciado un reclamo en el CIADI invocando el tratado bilateral entre Argentina y España, aunque el conflicto se resolvió en 2014 mediante un acuerdo de compensación por 5.000 millones de dólares.
Ahora, especialistas advierten que Burford podría intentar una estrategia similar, utilizando incluso documentación obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos para reforzar una eventual demanda arbitral. Este movimiento implicaría abrir un nuevo frente, con tiempos prolongados y un alto grado de incertidumbre para el país.
El litigio por YPF se suma a una larga lista de casos que la Argentina enfrenta en el CIADI, vinculados a expropiaciones, congelamientos tarifarios y conflictos contractuales en sectores clave como energía, transporte e infraestructura. Muchos de estos procesos se extienden durante años e incluso décadas, con impactos financieros sostenidos en el tiempo.
En este contexto, el Gobierno enfrenta un desafío complejo: consolidar el resultado favorable obtenido en Nueva York y, al mismo tiempo, prepararse para una eventual disputa en el ámbito arbitral internacional. Así, el caso YPF se mantiene como uno de los principales focos de riesgo legal y económico para la Argentina, más allá del alivio momentáneo que trajo el reciente fallo.
