El Senado de Santa Fe tratará este jueves un proyecto de ley que propone prohibir la actividad de los cuidacoches o “trapitos” en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a regular el uso del espacio público, establecer sanciones para quienes realicen esta práctica de forma irregular y generar alternativas laborales para quienes dependen de esa actividad.
El proyecto fue impulsado por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y establece la prohibición de reservar, administrar o cuidar espacios de estacionamiento en la vía pública, así como también el lavado de vehículos sin autorización oficial.
Según explicó el legislador, la iniciativa surge a partir de una problemática que se fue profundizando en los últimos años. “Lo que empezó como una changa después de la crisis de 2001 terminó convirtiéndose en otra cosa: una industria del apriete”, afirmó, al mencionar disputas territoriales, cobros indebidos y situaciones de amenazas denunciadas por vecinos.
Mañana votamos la ley para prohibir a los cuidacoches en toda la provincia de Santa Fe. No es solo una norma: es recuperar la calle.
Lo que empezó como una changa después de la crisis de 2001 terminó convirtiéndose en otra cosa: una industria del apriete. Disputas territoriales,…
— Ciro Seisas (@Ciro6as) March 11, 2026
En ese sentido, el proyecto propone modificar el Código de Faltas provincial (Ley 10.703) para incorporar esta conducta y establecer sanciones. Las penas previstas van desde multas de 10 a 50 unidades fijas hasta arrestos de entre 5 y 15 días, especialmente en casos de reincidencia o cuando se trate de grupos organizados.
Además, la normativa contempla agravantes cuando la actividad se realice mediante violencia o amenazas, o en zonas de estacionamiento medido y en las inmediaciones de eventos masivos, donde la sanción podría duplicarse.
Programas de capacitación y reconversión laboral
El proyecto también incluye una mirada social a través de la creación del Registro de Cuidadores Irregulares de la Vía Pública (ReCuid), que buscará identificar a personas en situación de vulnerabilidad para ofrecerles capacitaciones en oficios y oportunidades laborales.
A través de este sistema, quienes se inscriban podrán acceder a programas de formación técnica y pasantías. Además, se prevé un incentivo para empresas que los contraten, ya que el Estado provincial podría financiar durante un año el 60% del salario mínimo en el caso de PyMEs que incorporen a estas personas de manera formal.
Otro de los puntos centrales de la iniciativa es que, de aprobarse, la Policía podrá intervenir directamente ante la constatación de la actividad, sin necesidad de que exista una denuncia previa por parte de los vecinos.
Tras recibir media sanción en el Senado, el proyecto deberá ser debatido en la Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. La propuesta busca, según sus impulsores, ordenar el uso del espacio público y reducir situaciones de extorsión o conflictos en la vía pública.
