Los rectores de las universidades públicas se reunirán este miércoles para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, luego del fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó su aplicación y declaró inconstitucional la disposición del Gobierno que había condicionado su puesta en marcha.
En paralelo, el Gobierno nacional confirmó que apelará la resolución judicial.
En este contexto, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, cuestionó la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario y advirtió que, si no se modifican las condiciones actuales, las instituciones podrían tener dificultades para garantizar el inicio del próximo ciclo lectivo.
“Con el presupuesto que el Gobierno Nacional quiere dar a la universidad, no garantizamos indudablemente el comienzo de clases en 2027”, sostuvo Soro en diálogo con EME.
“No podemos garantizar la apertura de las universidades”
El rector explicó que las universidades lograron sostener hasta ahora su actividad priorizando las tareas académicas, pero advirtió que otras áreas fundamentales quedaron cada vez más comprometidas.
“Hasta hoy hemos funcionado priorizando lo único que podemos llevar adelante, que es la academia: las clases, el proceso de enseñanza-aprendizaje”, explicó.
Según Soro, el mantenimiento de los edificios, el equipamiento de los laboratorios, las becas estudiantiles y los salarios de docentes y no docentes forman parte de los sectores que enfrentan mayores dificultades.
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“No podemos garantizar la apertura de las universidades”, afirmó, al describir el escenario que podría presentarse para 2027.
El rector también cuestionó la composición actual del presupuesto universitario. Según detalló, la relación entre salarios y gastos de funcionamiento se ubica actualmente en torno al 95% y 5%, mientras que desde el sistema universitario consideran que una distribución adecuada debería acercarse al 85% y 15%.
El reclamo por el financiamiento
Soro sostuvo que el sistema universitario presentó, a través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), una propuesta presupuestaria de 11 billones de pesos para todo el sistema.
“Nosotros presentamos desde el CIN un presupuesto de 11 billones de pesos para todo el sistema universitario, que no daña el equilibrio fiscal, que fue hecho muy a conciencia”, señaló.
El rector explicó que determinados programas, como Progresar y las obras públicas, fueron incluidos en anexos y no dentro del cálculo principal del presupuesto universitario presentado por el CIN.
En contraste, cuestionó el monto que, según indicó, contempla el Gobierno para las universidades.
“Nos están ofreciendo 7,2 billones de pesos, cuando para este año habíamos pedido el mismo monto, 7,2 billones. Entonces estamos un año para atrás”, sostuvo.
Para Soro, la discusión presupuestaria está vinculada directamente con las posibilidades de funcionamiento de las instituciones durante el próximo año.
La ley y el fallo judicial
El rector también cuestionó la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y destacó que el Congreso ratificó en dos oportunidades su respaldo a la normativa.
“El Poder Legislativo dos veces confirmó el apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario, la Justicia a través de distintos fallos lo obliga a cumplir, primero con la cautelar que presentamos y ahora con el total cumplimiento de la ley”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que el Poder Ejecutivo “desoye a los otros dos poderes de nuestra democracia”.
El Gobierno, por su parte, adelantó que apelará el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 que ordenó la aplicación de la ley.
Una situación que, según Soro, se profundiza
El rector de la UTN planteó además que el problema excede la discusión específica sobre las universidades y cuestionó el impacto que, según su visión, tienen las actuales políticas sobre distintos sectores.
“Es muy peligroso, desde mi punto de vista, esta situación, no solamente por la universidad, sino por todo: por discapacidad, por nuestros jubilados, por nuestra infancia, por todo el sistema de salud”, expresó.
Soro también consideró que el escenario tiene una dimensión institucional y sostuvo que, a su entender, “amerita indudablemente un juicio político”.
Sobre la relación con los funcionarios del área educativa, cuestionó la ausencia de declaraciones públicas del secretario de Educación y apuntó contra el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, a quien responsabilizó por defender la posición oficial.
La advertencia sobre el futuro de las universidades
En el tramo más fuerte de su análisis, Soro sostuvo que existe una estrategia oficial destinada, según su interpretación, a debilitar progresivamente a las universidades públicas.
“Es un plan indudablemente pergeñado por el Gobierno para desgastar a las universidades, para vaciar las universidades”, afirmó.
Además, planteó su preocupación ante la posibilidad de una eventual provincialización de las universidades y la vinculó con antecedentes de reformas educativas de la década de 1990.
“Si llega a haber un nuevo mandato de este sector político, el fin último, porque lo he escuchado de boca de ellos, es provincializar las universidades”, sostuvo.
Frente a ese escenario, aseguró que las instituciones universitarias continuarán reclamando por el financiamiento establecido por ley.
“Vamos a hacer toda la resistencia necesaria para que eso no suceda”, concluyó Soro.
