La Cámara de Diputados dio dictamen favorable a la prórroga hasta el 23 de noviembre de 2025 de la ley de Emergencia de Tierras Indígenas, que permite frenar los desalojos de poblaciones aborígenes, y también al marco regulatorio del Cannabis medicinal e industrial.
Al filo del vencimiento de la Ley 26.160, el oficialismo avanzó con la prórroga en la comisión de Presupuesto y Hacienda, mientras que la oposición presentó un dictamen de minoría propio.
En un clima tenso, Juntos por el Cambio cuestionó que el Gobierno nacional vaya a renovar el plazo de la norma por decreto de necesidad y urgencia en paralelo a su discusión en el Congreso nacional, y desde el Frente de Todos contestaron que quedan apenas seis días para que expire la vigencia de la ley y que ya no queda tiempo suficiente para aprobarla antes de esa fecha tope.
Como primera oradora del debate, la chaqueña Lucila Masin (Frente de Todos) destacó que la Ley 26.160 «es la primera y única política pública que trata el derecho» de los pueblos originarios, y su prórroga es necesaria «para que podamos avanzar con el relevamiento» que ya se efectuó sobre 998 comunidades, quedando pendientes otras 762.
A su turno, la kirchnerista salteña Alcira Figueroa destacó que en el país «hay más de 300 conflictos territoriales» y «esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos».
Por su parte, el chubutense Gustavo Menna (UCR) explicó que Juntos por el Cambio no iba a acompañar el dictamen del oficialismo porque estaba en desacuerdo con «entrometerse en las decisiones de otro poder» al «suspender sentencias de desalojo» de la Justicia.
También consideró que hay que contemplar “el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado”.
El opositor criticó la decisión del Gobierno de adelantar la prórroga de la ley por DNU, y señaló que no existe «circunstancia excepcional» que justifique tal accionar.
«¡Se la han pasado gobernando por decreto!», se quejó, y señaló que es «un papelón y una falta de respeto al Congreso y nuestra investidura».
El presidente de la comisión, Carlos Heller (Frente de Todos), fue el encargado de responderle: «¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley? Nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto».
El neuquino del PRO David Schlereth advirtió que hay grupos violentos «se han aprovechado» del «sesgo» con que es aplicada la ley para generar «caos y usurpaciones ilegítimas» en el sur del país.
En la misma sintonía, el chubutense Ignacio Torres (PRO) denunció que los grupos violentos están «avalados y financiados por sectores de este Gobierno».
En tanto, la salteña oficialista Lía Caliva calificó como «una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017”, mientras que «en plena pandemia, en 2020, hubo 48».
La ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017.
La comisión de Presupuesto también emitió dictamen favorable al régimen regulatorio del cannabis medicinal y cañamo industrial, aunque en este caso con el apoyo unánime de oficialismo y oposición.
La iniciativa quedó lista para ser votada en el recinto, ya que el martes había sido dictaminada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que concurrió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
La diputada entrerriana Carolina Gaillard (Frente de Todos) recordó la sanción en 2017 de la Ley 27.350 -de la cual fue autora- que «fue un paso importante, pero fue una ley que quedó circunscrita a la investigación y no terminó de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas que necesitaban tratamiento con cannabis medicinal».
La legisladora oficialista indicó que en la actualidad quienes requieren de cannabis medicinal «tienen que importarlo de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos o acceder de manera ilegal».
Además destacó que esta iniciativa va a «generar una industria» y se van a «generar divisas para nuestro país», además de «garantizar el acceso a la salud».
La diputada kirchnerista Mara Brawer aseguró que el cañamo es «una industria sumamente sustentable» y que «toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa».
«Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, resaltó.
La porteña destacó que con el cañamo se pueden realizar autopartes, se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio; producir cosméticos, y se puede desarrollar un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios.
El radical Jorge Rizzotti manifestó que con esta norma se abre «una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales», y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy «la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país».
La comisión de Presupuesto también dictaminó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de envases y reciclado inclusivo.
No obstante, la oposición firmó un dictamen de minoría por sus objeciones respecto del valor de la tasa ambiental que fijó el oficialismo a ser abonada por las y los productores responsables de los envases puestos en el mercado.
«Lo consideramos un impuestazo encubierto con una alícuota que pude llegar hasta el 3% de precios mayoristas de los alimentos según el caso. Sumar una carga adicional que recaerá sobre los pobres consumidores cuando la canasta alimentaria está por las nubes», explicó el santafesino del PRO Luciano Laspina.
En tanto, también se avaló el dictamen de la nueva ley de VIH, que ya tenía despacho de la comisión de Salud, y que incorpora dentro de los tratamientos gratuitos a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).
La iniciativa además incluye nuevos derechos previsionales, como jubilación anticipada o prestaciones especiales para quienes padezcan estas enfermedades.
La comisión de Presupuesto dictaminó a su vez un proyecto que extiende por 50 años el fomento de industrias culturales a través de fondos especiales que surgen de asignaciones específicas de ciertos impuestos.
Por último, se aprobó el dictamen de un proyecto para crear un régimen transitorio de reintegros impositivos para la adquisición de las unidades que prestan el servicio de vehículos automotores de alquiler con taxímetro.
