El oficialismo confía en firmar dictamen de mayoría este mismo lunes con el acompañamiento de bloques aliados de la oposición, a sabiendas de que Juntos por el Cambio ya adelantó su postura de rechazo a que consideran un «nuevo impuesto».
La comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller, se reunirá a partir de las 15:00 para reanudar el cuarto intermedio en que había quedado el debate luego de que el miércoles pasado se iniciara el debate en medio de tensiones entre el oficialismo y la principal bancada opositora.
La comisión también tiene en agenda retomar el tratamiento del proyecto para prohibir que las empresas radicadas en paraísos fiscales o que cometieron delitos probados de evasión fiscal puedan ser beneficiarias de programas de ayuda estatal.
En este caso, Juntos por el Cambio anticipó que respaldará la iniciativa impulsada por el diputado kirchnerista cordobés Pablo Carro, quien el miércoles pasado presentó el proyecto.
Sin embargo, el foco central estará puesto en lo que suceda con la iniciativa que crea una contribución a las grandes fortunas, y que apunta los patrimonios declarados al 31 de diciembre de 2019 superiores a los 200 millones de pesos.
Según calculan los impulsores del proyecto, afectaría a un universo de aproximadamente 12.000 personas, quienes pagarán una alícuota con una escala progresiva de entre 2% y 3,5%, conforme a su capacidad patrimonial.
Para aquellos bienes y sumas patrimoniales que las personas alcanzadas tengan en el exterior, las alícuotas serán un 50% mayores.
No obstante, al proyecto se le agregó un artículo para que aquellos contribuyentes que acepten repatriar el 30% de sus tenencias financieras, sean exceptuados del pago del diferencial de todos sus bienes en el exterior, de modo tal que sean considerados como si estuvieran dentro del país, conforme a la alícuota general.
Las proyecciones
Se estima recaudar aproximadamente $ 300.000 millones, de los cuales un 20% se destinará a la compra de insumos y equipamiento de salud, otro 20% para subsidios de fomento a MiPyMEs, un 15% para la urbanización e integración sociourbana de asentamientos populares registradas por el RENABAP, un 25% para proyectos de inversión en Gas Natural de YPF, con la obligación de reinvertir utilidades en el país por 10 años, y por último un 20% para financiar el relanzamiento del plan Progresar para estudiantes.
Si bien la postura preponderante en Juntos por el Cambio es un rechazo cerrado a la iniciativa, un sector minoritario y «rebelde» de la UCR encabezado por el puntano Alejandro Cacace cree que en la actual coyuntura de crisis por la pandemia de coronavirus se justificaría crear una alícuota a los grandes patrimonios.
Sin embargo, considera que no es necesario crear un nuevo tributo, y advierten que esto podría acarrear impugnaciones en la Justicia: como alternativa, proponen agregar una alícuota extraordinaria en el ya existente impuesto a los Bienes Personales.
González recordó los números
El diputado nacional por Juntos por el Cambio y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Álvaro González, remarcó ayer que «la Ciudad aporta el 25% de la coparticipación y recibe el 3,5%» y sostuvo que el 70% del sistema sanitario porteño es usado por los bonaerenses.
«La Ciudad de Buenos Aires aporta el 25% de la coparticipación y recibe el 3,5, que para la Ciudad son el 25% de sus ingresos. Es la que más pone de sus recursos propios», expresó el diputado en declaraciones radiales.
González indicó que «el 70% del sistema sanitario público de la Ciudad es usado por los hermanos bonaerenses, del interior o de países limítrofes. Solo el 30% lo usan los porteños».
«El número que dice la Nación es un mito. La Ciudad tiene 3 millones de habitantes e ingresan 3 millones más que hay que darle el servicio de seguridad, recolección de residuos, mantenimiento de transporte público», concluyó.
Debate en comisiones
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Congreso comenzarán a tratar desde hoy el proyecto de ley del Gobierno que reducirá más la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
Esta iniciativa ingresó al Senado el pasado miércoles por la noche y será tratado por las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda que encabezan los oficialistas María de los Ángeles Sacnun y Carlos Caserio, respectivamente.
De esta manera, la bancada del Frente de Todos decidió avanzar rápidamente con la discusión de un tema que agrega un nuevo foco de conflicto con Juntos por el Cambio, que gobierna la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza.
El proyecto apunta en lo formal a darle un cierre legal a la al traspaso de las funciones de seguridad -con los fondos correspondientes- de la Nación a la Ciudad iniciada en 2016, con la fusión de parte de la Policía Federal con la fuerza local, pero incluye un recorte de recursos al distrito porteño.
La iniciativa, que establece un monto fijo de 24.500 millones de pesos para que la Ciudad financie los gastos por el traspaso de funciones, implica bajar al 1,4% la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.
Esa reducción se suma a la que dispuso por decreto el presidente Alberto Fernández, la semana pasada, al transferir un punto de la coparticipación de la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires para atender la protesta de la Policía bonaerense.
