La medida solicitada por Gerardo Pollicita también alcanza al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a las empresas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, en la causa penal que investiga el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma. 

La medida solicitada por Gerardo Pollicita también alcanza al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a las empresas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, en la causa penal que investiga el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se ordene la inhibición de bienes a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, a ex directivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.

En un dictamen entregado al juez federal Juliián Ercolini, el fiscal también pidió que se disponga la inhibición general de bienes al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados. Entre ellos están los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial, y empresarios.

Además, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la «prohibición de innovar sobre su composición accionaria».

«Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria», advirtió Pollicita en el dictamen.

Para ello «otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba», agregó.

El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que «las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo».

«Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco», agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.

Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a la firma Vicentín, que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, «los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo», recordó el fiscal.

La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la «posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados», recordó ahora.