Apenas descendió del avión que lo había traído desde Córdoba hasta Esquel, efectivos policiales lo interceptaron por orden judicial y le secuestraron el celular. De ese aparato—apuntaban— surgiría la prueba indubitable. Habían pasado 13 días desde la viralización a través de Whatsapp de las escabrosas imágenes—confidenciales— del cadáver de Santiago Maldonado en la morgue patagónica.

La filtración había sido denunciada al día siguiente del hallazgo del cuerpo. Se la radicó inmediatamente después de que esos registros se multiplicaran cual epidemia en cientos de miles de teléfonos y de que esas fotos innecesarias—violatorias de la intimidad de una familia que iniciaba un largo duelo—se ventilaran con morbo en sitios de Internet. Carlos Richieri, el funcionario denunciante del Ministerio Público Fiscal, adjuntó un informe detallado con testimonios que incriminaban al médico legista de la Policía Federal, Werther Augusto Aguiar.

Sanjuanino, de 52 años, conductor de un programa sobre temas de salud en Radio Nacional de Esquel, Aguiar ya se desempeñaba como médico clínico de planta del Hospital Zonal de Esquel cuando ingresó a la fuerza con el cargo de auxiliar superior de 5ta.

Sin resistencias, entregó su teléfono y hasta brindó la clave de acceso para facilitar la pericia. Estaba confiado. Nada incriminador surgiría de aquel equipo Samsung como los investigadores se anoticiaron después: los chats exhibían un argot infantil. Prácticamente no había imágenes; sólo intercambios sobre videojuegos y temas escolares. La clave de que ese celular no era de él se halló en uno de los grupos de Whatsapp y en un contacto. El primero decía «6TO A» y el contacto—»aapapichulo»— coincidía con el número 2945-415194, informado por la telefónica como perteneciente a Aguiar. El celular peritado pertenecía al hijo del sospechoso. Urgía recabar otro material probatorio.

En la instrucción quedó probado que el médico había tomado fotografías al cuerpo de Santiago la noche del 17 de octubre de 2017. Testigos y registros fílmicos así lo documentaban. Y hasta permitieron determinar los ángulos de las fotografías disparadas por Aguiar, que registró el cuerpo a pedido del juez Gustavo Lleral, bajo la advertencia de que todo el acto era confidencial. El clínico oficiaba como legista. Se había ofrecido para asumir además el rol de fotógrafo forense ante dos imponderables: el personal encargado de esa faena había sido apedreado y lesionado junto a otros miembros de criminalística y de bomberos dentro de la lof de Cushamen cuando se retiraba el cuerpo del joven platense y al juez se le había agotado la batería de su celular.

Cuatro personas fueron autorizadas para fotografiar el cuerpo en avanzado estado de descomposición: el perito de la familia Maldonado, Alejandro Incháurregui; el médico legista Ricardo Chevarlzk; el secretario del juzgado, Leonardo Barzini y Aguiar. Solícito, él mismo se había ofrecido para hacerlo.

La reconstrucción minuciosa de estos hechos surge de la investigación judicial de la Fiscalía Federal de Esquel que el viernes culminó con un desenlace esperado por la familia Maldonado: el procesamiento y embargo de Aguiar.

Aunque nunca se halló el celular que habría promovido la viralización de las imágenes, la fiscal Silvina Ávila le solicitó al juez Guido Otranto que lo procesara por haber vulnerado documentación secreta. La figura criminal que le endilgó el juez corresponde al art. 157 de Código Penal que «reprime con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial de uno a cuatro años al funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos».

Antes, Aguiar fue sumariado por la Policía Federal y puesto en disponibilidad. Una condena en un próximo juicio oral supondrá su exoneración de la fuerza, según apuntaron fuentes de esa institución. Al no haber accionado la familia Maldonado en el fuero civil por daños, el embargo sobre Aguiar fue de $10.000, monto suficiente, según el criterio del juez, para cubrir los honorarios del defensor oficial.

El derrotero de la pesquisa

La investigación siguió un orden cartesiano. Uno de los primeros testigos en recibir en Esquel las fotografías de Maldonado, cerca de las 9 de la mañana del 18 de octubre, fue el ingeniero Mariano Parodi, encargado de sistemas del propio Ministerio Público Fiscal. Compañero del gimnasio de Aguiar, ambos integraban un muy numeroso grupo de Whatsapp.

Según la reconstrucción judicial, Aguiar había participado del operativo de remoción del cuerpo de Maldonado del río Chubut junto al perito de parte Incháurregui. Cuando el médico culminó su labor como legista en la morgue se dirigió al Hospital Zonal de Esquel. Estaba de guardia y debía atender a los numerosos policías y bomberos lesionados en la lof.

Un oficial de la policía fue el primero en recibir una de las fotos de Maldonado en su teléfono esa misma noche, según consta en el expediente judicial. En la madrugada del 17 al 18 de octubre, interesado en conocer la evolución de sus compañeros heridos, se lo cruzó a Aguiar en ese hospital. Allí le inquirió si el cuerpo hallado en el río Chubut era efectivamente el de Maldonado y tras contestarle que sí, Aguiar manipuló su celular y «por propia iniciativa» le envió una de las imágenes para mostrarle las características físicas. «Le expresé mi preocupación y le dije que esas fotos no podían trascender—dijo en su testimonial el oficial principal Damián Stagliano—, a lo que me contestó que él lo sabía. Yo enseguida borré la foto«.

Entre los nueve testigos convocados, varios de ellos colegas del hospital, ocho de ellos lo incriminaron de forma directa de exhibir sin reparos las fotos aunque no de viralizarlas. Una médica legista y una enfermera atestiguaron que durante un receso durante aquella larga madrugada de guardia, Aguiar les exhibió las imágenes que había obtenido en la morgue y les relató pormenorizadamente cómo antes, en la lof, había ayudado a sacar el cuerpo del agua de Maldonado. Todo sucedió en el office del hospital aunque ninguno de ellos dijo haber recibido las imágenes.

Al enterarse de ese corrillo, un médico en especial se ofuscó y fue a advertirle en persona que los registros no podían bajo ningún concepto difundirse.  A la mañana siguiente, los mismos médicos y enfermeros que en la madrugada habían observado las fotos de Maldonado en el celular de Aguiar, les llovieron imágenes muy similares desde Bahía Blanca, Córdoba y otros puntos del país.

Según quedó documentado en video, el médico obtuvo cuatro fotografías entre las 22.52 y las 23.15.  Tan solo ocho horas después esas mismas imágenes—adujeron los investigadores— recorrían todo el país.

El descargo del médico

En su indagatoria, Aguiar negó haber filtrado o exhibido las fotos a sus colegas. Reconoció que tomó una imagen inicial antes de comenzar el peritaje cuando se le agotó la batería de su celular. Dijo que, entonces, lo dejó cargando un tiempo prolongado y que recién después, cuando culminaba la pericia, volvió a tomar dos o tres fotos más. Al encender el teléfono—sostuvo—vio que tenía varias consultas de sus superiores inquiriéndole si el cuerpo hallado era el de Maldonado. Como es habitual—afirmó—les envió a su requerimiento las fotos que había obtenido. Enseguida, se le ordenó atender a los heridos y documentar cada una de las lesiones. Cuando terminó de labrar los informes observó en su celular que en las redes ya estaban circulando muchas fotografías.

Luego aseguró que cuando se le secuestró el teléfono, entregó el que estaba usando en aquel momento ya que el suyo, un LG, lo había extraviado días después de aquel suceso en la dependencia policial donde trabajaba.

El fallo

Ni los investigadores ni le juez le creyeron. Un oficio a la telefónica indicó que Aguiar pidió la baja de aquella línea el 30 de octubre de 2017, es decir, el mismo día en que regresó de viaje a Córdoba y no días después del hallazgo del cuerpo de Maldonado.

Entre otro cúmulo de pruebas e inconsistencias, el juez determinó con el grado de certeza necesario para esa etapa de la instrucción que las fotos que se difundieron públicamente durante la mañana del 18 de octubre no se corresponden con las tomadas por las otras tres personas que intervinieron en la misma pericia. Y que Aguiar fue mendaz al argumentar que extravió su celular.

Otranto cuestionó con severidad su doble rol de médico y de funcionario público al vulnerar un secreto y lo acusó de causar un doble daño a la familia Maldonado: no sólo por ventilar material confidencial a terceros ajenos a la causa, también por socavar la intimidad de la familia. «Al amparo del art. 19 de la Constitución Nacional—escribió—corresponde reconocer a los familiares de Santiago Maldonado una genuina expectativa para que la imagen de su familiar muerto, en el estado en que se encontraba y en una morgue judicial, quedara excluida del conocimiento de terceros».

«Esa expectativa—prosiguió—configura uno de los múltiples aspectos protegidos por el derecho a la intimidad, en la forma de sentimientos, y quedó resquebrajada cuando las fotografías del cuerpo fueron exhibidas a personas que no habían participado del examen del cadáver, y con mayor intensidad, cuando tomaron estado público como consecuencia de la difusión generalizada que posibilitó el imputado al enviarlas a sus contactos».

Para que se configure la revelación de secreto basta con que sea comunicado a cualquier persona que no sea una de las que están obligadas a guardarlo, concluyó.