En la misma había abogados, escribanos, un médico y prestanombres. Hay 14 detenidos y se estima que el fraude llega a los mil millones de pesos. El grupo se apoderaba de bienes de gente mayor o fallecida sin herederos.

Una investigación que llevó casi dos años puso al desnudo una trama de maniobras inmobiliarias con fincas rurales y viviendas urbanas que, por el monto de los bienes apropiados a sus legítimos dueños, constituye uno de los fraudes más fabulosos en la historia de la provincia de Santa Fe.

Por esta megaestafa, concretada por una organización de guante blanco del sur provincial, ayer se desplegaron doce allanamientos tendientes a la captura de los miembros de la red delictiva. Las acciones terminaron con la detención de 14 personas entre las que hay abogados, escribanos, un médico, un gestor de trámites inmobiliarios y prestanombres para consumar los ilícitos.

Todos ellos serán llevados a una audiencia imputativa en los Tribunales de Venado Tuerto a partir de las 9 por asociación ilícita, estafa reiterada y falsedad de documento público entre otros delitos. Los investigadores estiman que con las maniobras, los implicados se apoderaron de 32 inmuebles urbanos y campos por mil hectáreas, por un valor que bordea los mil millones de pesos.

Las maniobras

La organización, en la que hay cinco graduados universitarios, tenía base en Venado Tuerto pero contaba con ramificaciones en distintos lugares dentro y fuera de la provincia. El diseño de las maniobras era variado pero consistía, básicamente, en apropiarse de inmuebles de personas de avanzada edad o fallecidas sin herederos, mediante la constitución de poderes otorgados de forma ilícita a terceras personas, que luego concretaban operaciones de compraventa. En ésto participaban abogados, escribanos y hasta un médico que tenía como rol constatar la idoneidad mental de las personas que eran desapoderadas de sus bienes.

Los operativos de ayer fueron realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) principalmente en Venado Tuerto pero también en Villa Cañás, Las Rosas, Armstrong, en la Ciudad Autónoma y en la provincia de Buenos Aires. En Rosario, en tanto, el detenido fue un gestor inmobiliario a quien durante el allanamiento a su domicilio en calle Polonia al 1300 le encontraron 434.350 pesos y 2.030 dólares.

Uno de los apuntados como artífices de la defraudación es el abogado venadense Antonio Di Benedetto, un penalista de 60 años que alcanzó algún renombre nacional al ser designado como primer defensor de Carlos Fraticelli cuando el ex juez de Rufino fue acusado por la muerte de su hija. También fueron detenidos el escribano Eugenio C., de 52 años, la abogada Milena F., de 32 y el también abogado Fernando A., de 45 años. A este letrado le fueron secuestradas dos pistolas calibre 40, una escopeta 12/70 y una pistola calibre 22. Todos estas detenciones se concretaron en Venado Tuerto.

El otro escribano implicado es Angel Emilio M., de 54 años, detenido en su casa de Las Rosas. También hay un médico en la organización acusada. Se llama Alejandro D., tiene 62 años y fue localizado en su casa de Villa Cañás.

Asociación ilícita

La pesquisa se inició en 2017 cuando la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del departamento General López comenzó a investigar una posible asociación ilícita en torno a la causa por estafas reiteradas en ventas, con documentación falsa, de campos ubicados en distintos puntos del sur santafesino, como Venado Tuerto, Maggiolo, Villa Cañás, Santa Isabel y San Eduardo.

Un equipo conducido por el fiscal Matías Merlo advirtió que el tipo de maniobras eran similares y que la repetición de nombres involucrados hacía pensar en una asociación ilícita. Según explicó ayer Merlo a este diario, se determinó a partir de denuncias la evidencia de un patrón común.

«Fuimos entendiendo que no eran estafas individuales sino que había un grupo con una estrategia actuando de modo coordinado. Las maniobras eran con inmuebles rurales y con viviendas urbanas», dijo el fiscal. «Con los primeros solían aprovecharse de personas de avanzada edad que eran dueñas de campos y no tenían herederos por lo que había una inteligencia registral para luego hacerles susbribir escrituras. En la zona urbana confeccionaban boletos de compraventa sobre inmuebles donde los titulares registrales o habían fallecido o pertenecían a empresas que hacía tiempo no funcionaban. Con esos boletos iniciaban juicios de escrituración con domicilios falsos. Después se procedía a habilitar con boletos falsos a nuevos titulares, a veces miembros del grupo y a veces testaferros», señaló.

Certificados truchos

El secretario de Gestión Pública del Ministerio de Justicia, Matías Figueroa Escauriza, indicó que a menudo las maniobras apuntaban a personas que estaban fuera del país o habían fallecido. «Lo que hacían era un poder de venta contra personas que vendía a un tercero. Y si el damnificado era alguien muy anciano se servían de un médico que presentaba certificados de que la persona vendedora estaba lúcida porque es una exigencia para transferir un bien», indicó. Respecto de los ardides detectados señaló casos burdos. «Nos tocó intervenir sobre la cesión de un campo de 200 hectáreas mediante un poder de venta en el año 2000 donde figuraba un escribano de la provincia de Buenos Aires que se había jubilado en 1998. Quien aparecía como vendedor había muerto en 1980. Y el dueño de ese terreno de alto valor económico fue localizado viviendo en un rancho por lo que claramente era un prestanombre», señaló Figueroa.

El Ministerio de Justicia de la provincia contribuyó a la pesquisa al establecer un sistema de alerta en el Registro de la Propiedad a partir de la detección de dos escribanos que se repetían en las maniobras. «Cuando los actuantes eran esos escribanos se verificaba si los vendedores estaban vivos o no. Mediante un cruce con el Registro Civil se daban casos en donde el vendedor tenía librado el certificado de defunción. Así fue posible conjurar fraudes y generar prueba para el juicio en perspectiva», indicó el funcionario.

Además de los ya mencionados en la audiencia de hoy, ante el juez Roberto Revori, serán imputados Luis Alberto B., Danisa Elisabet P., María de los Angeles S., Marcelo Jesús S., Luis R. Alberto L. y Roberto Miguel S. En los allanamientos realizados ayer fueron secuestrados teléfonos celulares, material informático y computadoras que serán peritados para el trámite penal. Los 14 implicados quedaron detenidos en la alcaidía de Melincué.