La Secretaría Nacional de Discapacidad dispuso una actualización del 2,10% en los aranceles correspondientes al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para personas con discapacidad. El incremento fue calculado a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio y se aplicará de manera general a las distintas prestaciones.
La medida generó cuestionamientos entre organizaciones vinculadas al sector, que consideran que el porcentaje resulta insuficiente frente al aumento de los costos que deben afrontar los prestadores.
En diálogo con EME, la abogada y presidenta de la Asociación Civil Incluime Santa Fe, Mariela Peña, sostuvo que la actualización está «por debajo de cualquier realidad de los bolsillos de los prestadores».
«El día de ayer se publicó una resolución donde establecen el aumento de aranceles, primero, por debajo de cualquier realidad de los bolsillos de los prestadores, que es un 2,10%«, cuestionó.
Transporte: un arancel que quedó por debajo de los costos
Uno de los ejemplos planteados por Peña fue el del transporte para personas con discapacidad. Según explicó, el valor reconocido actualmente por kilómetro no guarda relación con el costo del combustible.
«Denunciamos que ese aumento es insuficiente, porque para que vos te imagines, el transporte le están reconociendo 1100 pesos el kilómetro cuando la nafta supera los 2200 el litro, por lo cual es totalmente desfasado ese aumento», señaló.
Para la dirigente, el problema no se limita a un porcentaje de actualización, sino que afecta la posibilidad de sostener servicios indispensables para que las personas con discapacidad puedan continuar con sus tratamientos y actividades.
Denuncian demoras en la cadena de pagos
Peña también cuestionó el funcionamiento de la cadena de financiamiento del sistema y aseguró que existen demoras en las transferencias que deberían llegar a las obras sociales para afrontar las prestaciones.
«Se cortó la cadena de pagos. Por un lado anuncian aumentos, pero hace 15 días que ARCA debería haber transferido los fondos a la Superintendencia de las prestaciones brindadas en junio. Hasta el día de ayer no se había hecho esa transferencia», afirmó.
Según la presidenta de Incluime Santa Fe, esta situación provoca que los prestadores permanezcan sin cobrar por servicios que ya fueron realizados.
«Los prestadores están sin cobrar las prestaciones que se brindaron en el mes de junio de este año», sostuvo.
Peña explicó además que ARCA administra los recursos destinados al financiamiento del sistema de integración y vinculó la situación con la evolución del empleo registrado.
«ARCA es el que recauda y administra el fondo que financia el sistema de integración. Y esto no es casual: el fondo se sustenta de los aportes de los trabajadores. Al haber una caída del empleo formal, automáticamente el fondo queda desfinanciado», explicó.
El impacto sobre los tratamientos
Desde la organización remarcan que las dificultades financieras del sistema terminan repercutiendo directamente sobre las personas con discapacidad y sus familias.
«Son problemáticas que tienen que ver con el riesgo de vida y el desarrollo del proyecto de vida de la persona con discapacidad», afirmó Peña.
Como ejemplo, mencionó la importancia de garantizar tratamientos médicos y terapéuticos de manera sostenida.
«Una persona que no accede, por ejemplo, a una kinesiorrespiratoria, es muy probable que tenga una falla posterior que le impida un proyecto de vida», señaló.
La abogada también destacó que las distintas prestaciones forman parte de un sistema interdependiente.
«Si no tenés el transporte que te lleve a las terapias, tampoco podés acceder. Es todo un sistema que funciona articulado y donde hoy el que se está retirando, ajusta y no financia, es el Gobierno Nacional», cuestionó.
Reclamo por el incumplimiento de un amparo
Además del reclamo por los aranceles y los pagos atrasados, Peña volvió a cuestionar al Gobierno nacional por el supuesto incumplimiento de una resolución judicial vinculada con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
«Nosotros le ganamos al Gobierno Nacional, la justicia dictaminó que el Gobierno Nacional debía cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad y no lo está haciendo», afirmó.
Según explicó, la normativa contemplaba una compensación destinada a recomponer el impacto económico acumulado sobre el sector desde 2023 hasta el momento de la sentencia.
«La justicia le dijo al Gobierno nacional que la pague en febrero. Estamos en agosto, esa compensación tampoco se pagó», sostuvo.
Peña denunció un «plan sistemático de desfinanciamiento»
La titular de Incluime Santa Fe consideró que las distintas situaciones forman parte de un problema más amplio y habló de un esquema sostenido de reducción del financiamiento estatal.
«Creemos que ya hay un plan sistemático de desfinanciamiento. Así como nos pasa al colectivo de personas con discapacidad, también pasa con la Ley de Financiamiento Universitario, con el PAMI, la cobertura de las prestaciones», manifestó.
En ese sentido, cuestionó que incluso cuando las organizaciones recurren a la Justicia y obtienen resoluciones favorables, luego existan dificultades para hacerlas efectivas.
«Las leyes de emergencia no se cumplen, vamos a la Justicia, ganamos los amparos, tampoco se cumplen», afirmó.
Críticas al programa nacional de autismo
Peña también se refirió al reciente anuncio de un programa nacional de atención a personas con autismo. Si bien valoró que se incorpore la temática a las políticas públicas, cuestionó la falta de recursos asignados.
«El Gobierno Nacional lanza en medios un programa nacional de atención a las personas con autismo, lo cual nosotros celebramos, pero cuando vos leés la resolución, en el artículo 3 dice expresamente que este programa no genera una afectación presupuestaria», señaló.
Para la dirigente, una política pública sin financiamiento concreto corre el riesgo de quedar limitada a una declaración.
«Es lo mismo que nosotros decimos: inclusión de cotillón. Podemos tener las mejores resoluciones, pero si no asignamos las partidas presupuestarias, no existe ese programa. Lo único que existe es comunicaciones en redes», cuestionó.
«¿De qué te sirve un aumento en papeles?»
Peña resumió el reclamo del sector con una comparación vinculada al mundo laboral.
«Es como que un trabajador en paritarias le ofrezcan un gran aumento, pero a fin de mes no cobre el sueldo», sostuvo.
Y concluyó: «¿De qué te sirve un aumento en papeles que no se traduce en lo que vos percibís a diario?».
Desde Incluime Santa Fe plantean así que el debate no pasa únicamente por la actualización nominal de los aranceles, sino por la posibilidad concreta de que los prestadores reciban los fondos en tiempo y forma y puedan sostener los servicios que requieren las personas con discapacidad.
