El ex-ministro de Seguridad Marcelo Saín, quien se fue del cargo en marzo pasado, sigue siendo motivo de discordia entre parte del oficialismo y la oposición política. La mayoría en la Comisión de Juicio Político en Diputados avanzó en citaciones e informes en torno al pedido de destitución.
La comisión de juicio político de la cámara baja, dominada por la oposición, resolvió este hoy citar a la denunciante y diputada nacional Lucila Lehmann, como así también a la auditora del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, para que amplíen sus determinaciones en torno a Marcelo Saín. En el caso de Lehmann, pidiendo el juicio político cuando Saín era ministro y se despachó con dichos insólitos contra la fuerza policial y los santafesinos, y respecto de Vranicich, para que explique porque resolvió declararse incompetente respecto de una denuncia del fiscal regional Carlos Arietti, para que Saín no vuelva a su cargo en la Oficina de Investigaciones del MPA.
El dictamen votado hoy contó con las firmas de los diputados no justicialistas que la integran y el rechazo de los peronistas Matilde Bruera y Oscar “Cachi” Martínez.
Según explicó el socialista Joaquín Blanco, presidente de la comisión de Juicio Político, también se dispuso pedir informes a organismos estatales sobre algunas denuncias que pesan sobre Saín, entre ellas la de la licitación para comprar armamento para la policía santafesina, que terminó con una impugnación de la empresa Bersa.
También se solicitará al Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaria de Contrataciones y Licitaciones, y al Tribunal de Cuentas, todas las copias certificadas de las licitaciones y contrataciones que realizo el Ministerio de Seguridad durante la gestión del ex Ministro. “El fiscal Carlos Arietti nos manifiesta en un escrito que está en curso la investigación de la licitación, a todas luces amañada, para la compra de armas israelíes. Entonces queremos tener todos los elementos para tratar de entender si es un caso aislado o fue parte de una conducta de la gestión Sain”, detalló Blanco.
Además, se pedirá al Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, lo resuelto en la Junta de Fiscales del pasado lunes, a raíz de la decisión del fiscal regional de Rafaela, Diego Fernando Vigo, de ordenar a los fiscales de grado de no trabajar con el Organismo de Investigaciones mientras esté Marcelo Sain. “Lo que está sucediendo en términos institucionales es inédito y gravísimo. Queremos saber qué elementos tiene Baclini para resolver esta incompatibilidad manifiesta de la presencia del ex Ministro de Seguridad en el MPA”, aclaró el diputado.
Por su parte, el Bloque “Frente de Todos” del Partido Justicialista de la Cámara baja santafesina, expresó en un comunicado lo que llamó “preocupación ante la actitud de los diputados que integran la Comisión, quienes movidos sólo por intereses partidarios intentan llevar adelante un proceso de juicio político al margen de las normas constitucionales y legales vigentes”.
Agregan que “el intento de juicio político contra el ex Ministro de Seguridad, Marcelo Sain, no puede seguir adelante tras la renuncia del mismo a su cargo, aceptada por el
Gobernador Omar Perotti (decreto 215 del 19 de marzo de 2021)”.
“Parece absurdo tener que explicarlo, pero la renuncia de Sain y su aceptación
constituyen hechos políticos y jurídicos en los que se han cumplido todos los pasos
formales y sustanciales que corresponden, por lo cual ha asumido en dicha cartera
un nuevo Ministro de Seguridad, Jorge Lagna, quien está en funciones, todo lo cual
es de público y notorio conocimiento”, indican los legisladores peronistas.
Finalmente, expresan que “resulta llamativo que un sector de la oposición esté más preocupado en discutir nombres propios (en este caso el de Sain) que en discutir cuestiones de fondo como la reforma de las leyes de seguridad, presentadas hace meses por el Poder Ejecutivo y sin posibilidad, hasta el momento, de ser discutidas. Los niveles de
violencia que ha alcanzado la provincia en la última década merecen un debate
serio sobre las políticas implementadas y a implementar, y no sobre nombres
propios, más aún desde el sector político que gobernó Santa Fe durante esa
década”, concluyen.
