Este jueves, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación, presidida por el senador Luis Juez, aprobó por unanimidad el dictamen que propone iniciar el proceso de Jury de Enjuiciamiento contra el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. El dictamen, impulsado por el diputado del PRO Álvaro González y el representante del Poder Judicial Alberto Maques, será ahora elevado al Plenario del Consejo como paso previo al juicio político.
El juez Bailaque está involucrado en una serie de hechos que, de confirmarse, configurarían un posible mal desempeño de sus funciones. Pese a que un juez de Rosario solicitó su prisión preventiva, el magistrado sigue en libertad debido a los fueros que conserva como integrante del Poder Judicial.
Una renuncia en suspenso
Bailaque presentó su renuncia al cargo con fecha de efectividad el 1° de julio, pero su aceptación está sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional. Si el Gobierno decide no aceptarla, el Consejo podrá avanzar con el jury, y en caso de una eventual destitución, el magistrado perdería el beneficio de la jubilación como juez federal.
Las principales acusaciones
El dictamen expone tres cargos centrales:
- Vínculos con Esteban Alvarado: se investiga si la relación entre Bailaque, su amigo y contador Gabriel Mizzau, y el narcotraficante Esteban Alvarado influyó en el freno de causas judiciales contra el líder narco.
- Armado de causas falsas: se lo acusa de haber participado en una maniobra junto al financista Fernando Whpei y el ex titular de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, para iniciar una causa penal que perjudicara a empresarios vinculados a San Cristóbal Seguros.
- Falta de imparcialidad: el magistrado habría beneficiado a una entidad financiera en causas judiciales que él mismo tramitaba, en un contexto de presunta amistad con Whpei.
Un descargo sin nuevos argumentos
En su defensa por escrito, Bailaque no aportó pruebas contundentes que refuten las acusaciones. Solicitó tres nuevas medidas de prueba: dos fueron rechazadas por improcedentes, y la tercera —la citación de un testigo— fue considerada innecesaria en esta instancia del proceso.
Con esta decisión, el Consejo de la Magistratura avanza en uno de los casos más sensibles de los últimos años, que vincula a un juez federal con redes de narcotráfico y corrupción judicial en una de las regiones más afectadas por la violencia narco del país.
