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martes, julio 8, 2025

El Gobierno de Bolivia denunció penalmente a Evo Morales por terrorismo e instigación en medio de los bloqueos

La querella fue presentada ante la Fiscalía por los bloqueos de caminos que paralizan regiones clave del país. Acusan al expresidente de promover acciones para obstaculizar el proceso electoral y provocar desabastecimiento.

Además

En un nuevo capítulo de la creciente crisis política y social que atraviesa Bolivia, el gobierno presentó este jueves una denuncia penal contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, instigación a delinquir y otros delitos relacionados con los bloqueos de rutas que afectan a distintas regiones del país.

La denuncia fue formalizada ante el Ministerio Público y, según detalló el ministro de Justicia, César Siles, también alcanza a personas que resulten cómplices o ejecutores de las protestas. “Las víctimas son todos los bolivianos: pacientes sin atención médica, personas con discapacidad que no pueden desplazarse y pueblos indígenas aislados. Por eso pedimos que la Fiscalía actúe con celeridad”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

El Ejecutivo sostiene que posee pruebas que vinculan a Morales con llamados a “cercar ciudades” y obstaculizar las elecciones generales previstas para dentro de tres meses. Las acusaciones incluyen delitos como obstrucción del proceso electoral, desobediencia a fallos constitucionales, atentado contra la libertad de trabajo, destrucción de bienes del Estado y afectación a servicios públicos.

 

 

La situación en las rutas se ha agravado notablemente desde el lunes. Según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los puntos de bloqueo se duplicaron en apenas 48 horas, pasando de 13 a 27, con una fuerte concentración en el departamento de Cochabamba, tradicional bastión del exmandatario. También se reportan cortes en Potosí, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

Las protestas son lideradas por sectores cercanos a Morales que exigen su habilitación como candidato presidencial, a pesar de que el Tribunal Constitucional lo ha inhabilitado y no cuenta con un partido político legalmente reconocido.

En tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, alertó sobre el fuerte impacto económico de la situación. “Las pérdidas diarias por los cortes de ruta oscilan entre 150 y 200 millones de dólares. El año pasado sufrimos una paralización similar que costó más de 3.000 millones. No podemos repetir ese escenario por intereses personales”, subrayó.

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