El conflicto en el sistema universitario argentino suma un nuevo capítulo. El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió profundizar las medidas de fuerza con paros semanales a partir del 16 de marzo, en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto para las universidades y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
La decisión fue adoptada luego de que el gremio se declarara en sesión permanente, en medio de lo que consideran un fuerte ajuste sobre el sistema universitario por parte del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.
El nuevo plan de lucha contempla un paro de una semana desde el 16 de marzo, cuando la mayoría de las universidades del país ya habrá iniciado el ciclo académico. Además, el gremio anticipó nuevas acciones gremiales durante la semana del 24 de marzo, en coincidencia con el aniversario del golpe de Estado de 1976, y otro paro a partir de la semana del 30 de marzo.
Las medidas serán evaluadas nuevamente el 1 de abril, cuando la federación analizará si continúa o intensifica el plan de lucha en caso de que no haya respuestas a los reclamos planteados.
Marcha en defensa de la universidad pública
Entre las resoluciones adoptadas, también se definió avanzar en la organización de una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas, que buscará convocar a estudiantes, docentes, trabajadores y a distintos sectores de la sociedad en defensa del sistema universitario.
La iniciativa se impulsará de manera federal y en coordinación con otras organizaciones gremiales del sector, entre ellas CONADU, dentro del Frente Sindical de Universidades Nacionales.
En paralelo, la federación ratificó su adhesión al paro internacional feminista y transfeminista del 9 de marzo, en el marco de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Mujer.
Reclamos del sector
Entre los principales planteos, los docentes denuncian el deterioro salarial del sector y advierten que muchos ingresos quedaron por debajo de la línea de pobreza. Según señalaron desde la organización, esta situación ya provocó la renuncia de más de 10 mil docentes universitarios, lo que afecta el funcionamiento de cátedras y equipos académicos.
También cuestionaron el nivel de financiamiento del sistema universitario y acusaron al Gobierno nacional de no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
De acuerdo con la federación, el escenario actual pone en riesgo el funcionamiento de la universidad pública argentina, que involucra a casi dos millones de estudiantes, cerca de 200 mil docentes y alrededor de 50 mil trabajadores nodocentes en todo el país.
Ante este panorama, desde el gremio convocaron a la comunidad universitaria y a la ciudadanía a acompañar las medidas. “La universidad pública de calidad es un derecho”, señalaron desde la organización.
