En la Legislatura de la provincia de Santa Fe avanza un proyecto que propone la creación de un sistema de indicadores del mercado de trabajo no formal, una herramienta destinada a relevar y analizar con mayor precisión la situación de miles de trabajadores que desarrollan sus actividades fuera del sistema laboral formal.
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Lucila De Ponti, quien explicó que actualmente alrededor del 44% de la población económicamente activa se desempeña en condiciones de informalidad, tanto a nivel nacional como provincial.
Según señaló la legisladora, el universo del trabajo informal es muy amplio y heterogéneo. Incluye desde empleados que realizan tareas en empresas o fábricas sin estar registrados formalmente, hasta trabajadores en condiciones de mayor precariedad que no cuentan con ningún tipo de protección laboral ni acceso a derechos básicos.
Además, dentro de este sector conviven múltiples modalidades laborales, como el cuentapropismo, el emprendedurismo, el trabajo vinculado a plataformas digitales o actividades temporarias y estacionales, especialmente en ámbitos rurales.
El proyecto plantea que el Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe (IPEC) sea la autoridad de aplicación encargada de desarrollar este indicador específico. Para ello, se propone articular información proveniente de distintas fuentes, como la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y bases de datos del propio organismo provincial.
El objetivo es construir una radiografía detallada del trabajo informal en la provincia: conocer qué tareas realizan estas personas, en qué condiciones trabajan, dónde se desempeñan y cuáles son las principales dificultades que enfrentan en el acceso a derechos laborales.
Actualmente, los indicadores laborales disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos se elaboran a partir de grandes aglomerados urbanos como el Gran Rosario o el Gran Santa Fe, lo que limita la posibilidad de conocer en profundidad la realidad laboral de otras zonas de la provincia, especialmente aquellas vinculadas a actividades rurales o economías regionales.
De Ponti remarcó que contar con información más precisa permitiría diseñar políticas públicas más adecuadas para cada sector productivo. Por ejemplo, mientras que en el caso de trabajadores de plataformas podría ser necesario regular las condiciones laborales y la relación con las aplicaciones, en otras actividades —como pequeñas unidades agrícolas— podrían requerirse herramientas de financiamiento o acompañamiento productivo.
