Las universidades públicas de todo el país comenzaron la semana con un paro docente nacional que afecta el normal dictado de clases. La medida de fuerza se desarrolla desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo y forma parte de un plan de lucha que podría extenderse durante todo el primer semestre.
La protesta fue impulsada por gremios docentes universitarios como CONADU Histórica, Asociación Gremial Docente de la UBA y Asociación de Docentes de la UBA, que reclaman la reapertura de paritarias, una recomposición salarial y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Según informaron las organizaciones sindicales, el plan de lucha incluye también otra semana de paro entre el 23 y el 30 de marzo, además de nuevas medidas que se evaluarán en función de la evolución del conflicto con el Gobierno nacional.
Movilización y nuevas protestas
Como parte de las acciones previstas, los gremios trabajan en la convocatoria a una movilización universitaria federal prevista para el 23 de abril, que buscará reunir a docentes, estudiantes y autoridades de las casas de estudio en defensa del sistema público de educación superior.
La protesta será organizada junto al Frente Sindical Universitario y distintas agrupaciones estudiantiles, con la intención de replicar las masivas marchas universitarias que se realizaron en años recientes.
Además, los sindicatos planean instalar una “carpa por la universidad y la soberanía” en diferentes ciudades del país para visibilizar el conflicto y sumar el respaldo de otros sectores sociales y sindicales.
Un conflicto que podría prolongarse
Las definiciones surgieron tras un congreso de CONADU Histórica que reunió a más de 90 congresales y representantes de unos 30 sindicatos de base. Allí se resolvió ratificar el paro de esta semana y avanzar con nuevas medidas de fuerza.
Entre ellas, se definieron nuevas semanas completas de paro desde el 30 de marzo y el 27 de abril, en el marco de un plan de lucha progresivo que será evaluado periódicamente por el plenario de secretarios generales del gremio.
Desde las organizaciones docentes advirtieron que el conflicto podría profundizarse si no se convoca a una negociación salarial o si el Congreso avanza con modificaciones en el esquema de financiamiento de las universidades.
Los sindicatos insistieron en que el Gobierno nacional debe garantizar los recursos previstos por la legislación vigente para el funcionamiento del sistema universitario público y atender los reclamos salariales del sector.
