El debate por el financiamiento de las universidades públicas sumó un nuevo análisis técnico que vuelve a encender las alarmas en el sistema educativo. Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) advierte que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso implica una reducción significativa de recursos en comparación con la Ley N° 27.795 actualmente vigente.
Según el estudio, el sistema universitario ya acumula una pérdida real del 28,9% en su financiamiento entre 2024 y 2025, producto principalmente del deterioro salarial de docentes y no docentes, que representan cerca del 88% del presupuesto destinado a educación superior.
En ese marco, el informe señala que el nuevo proyecto oficial no solo no corrige esa caída, sino que la profundiza. Entre los principales puntos, advierte que se da por consolidada la pérdida presupuestaria de 2024 y se reemplaza la recomposición por inflación por aumentos parciales escalonados durante 2026, muy por debajo del índice de precios.
Otro de los aspectos críticos es la reducción de los fondos destinados al funcionamiento de las universidades, que serían un 24,2% inferiores a los establecidos por la ley vigente. Esto impactaría directamente en gastos operativos, hospitales universitarios, actividades científicas y de extensión.
En cuanto a los salarios, el informe es contundente: un docente titular con dedicación plena cobró en febrero de 2026 un salario de $1.456.090, lo que representa apenas el 64% de lo que correspondería según la normativa actual. De aprobarse la iniciativa del Ejecutivo, la pérdida real podría profundizarse hasta un 38% hacia agosto de 2026 en comparación con diciembre de 2023.
En términos globales, el estudio de la UNL estima que el nuevo esquema implicaría un recorte del 31,4% respecto de lo que establece la ley vigente, lo que equivale a unos 2,3 billones de pesos menos para el sistema universitario nacional.
El proyecto ahora deberá ser debatido en el Congreso, en un contexto de creciente preocupación en la comunidad académica de Santa Fe y del resto del país por el futuro del financiamiento de la educación pública superior.
