Tras dos años de tareas de inteligencia criminal, la Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización dedicada al tráfico ilegal de armas que operaba en distintas jurisdicciones del país, con procedimientos que alcanzaron a la provincia de Santa Fe.
El operativo incluyó 140 allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, San Luis, Mendoza, Corrientes, Misiones, Neuquén, Chubut, Salta y Tierra del Fuego.
La investigación estuvo a cargo del Departamento Investigaciones Antimafia (DIA) de la PFA y se inició a partir de una alerta por maniobras irregulares en la compra de armamento dentro del circuito legal, lo que permitió reconstruir una estructura delictiva organizada.
Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas 35 personas y se secuestró un importante arsenal: 120 armas de fuego —entre pistolas, escopetas, revólveres y fusiles—, además de 7 ametralladoras, una granada y más de 43.000 municiones de distintos calibres. También se incautaron máquinas de recarga y elementos vinculados a la fabricación de municiones.
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Las autoridades no descartan que parte del material haya tenido como destino países limítrofes como Uruguay, Brasil y Paraguay, lo que abre una línea de investigación internacional.
Según la pesquisa, la organización operaba mediante “testaferros” que adquirían armas de forma legal sin capacidad económica real, con la participación de intermediarios, gestores e instructores que facilitaban la documentación. Posteriormente, el armamento era desviado al mercado ilegal con numeración adulterada o suprimida, generando ganancias que luego eran lavadas mediante la compra de bienes.
El juez federal Adrián González Charvay y el fiscal federal Santiago Marquevich ordenaron la detención de los implicados y la imputación por tenencia indebida de armas de fuego y lavado de activos. Todo el material secuestrado quedó bajo custodia judicial.
