La pandemia de coronavirus impactó de lleno en el tejido social de la Argentina y en un año incorporó a 1.600.000 personas a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad, en tanto los hogares de clase media cayeron a menos de la mitad del total en el país.

De acuerdo con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), la inflación fue determinante en el aumento de la pobreza, al duplicar el ingreso por habitante familiar entre el primer trimestre de 2020 (del que sólo los últimos 12 días estuvieron alcanzados por la cuarentena) y el mismo período de este año.

“Entre el primer trimestre del 2020 y el primer trimestre del 2021, el ingreso per capita familiar en la Argentina aumentó cerca de un 21%, mientras que la inflación entre estos trimestres se mantuvo cerca del 41%.

Es decir, hubo una pérdida del poder adquisitivo del 20%”, señaló Pilar Paschini, economista de la entidad.

En cuanto a la clasificación por hogares, en el mismo lapso la pérdida del poder adquisitivo fue de cerca del 10%, aunque el informe de IDESA puntualiza que “este declive no fue igual para todas las clases sociales y algunas retrocedieron hacia una clase social más baja”.

Al respecto, en una pirámide social que reconociera cuatro estratos (bajo, medio bajo, medio y alto) queda en evidencia el deterioro general, con un menor porcentaje de hogares en los estamentos superiores y un crecimiento de los más rezagados.

Para establecer los límites de cada estrato, se considera de clase baja a los hogares que no les alcanza para adquirir una canasta básica total y de clase media-baja a los que si bien cuentan con recursos para costearla, “dependen del contexto para pasar o no a la pobreza”.

“La clase media es la más estable y la clase alta es la que percibe ingresos por más de cuatro canastas básicas totales”, completó Paschini al analizar la evolución de cada grupo entre los dos trimestres considerados.

Clase baja

En ese sentido, precisó que “la clase baja pasó de representar el 25% de los hogares al 31% de los hogares en el 2021 y la clase media baja pasó de representar el 8% al 10%”, es decir que los estratos inferiores incrementaron en su conjunto su participación en ocho puntos porcentuales.

“Esto quiere decir que hay 1.600.000 más de argentinos en situación de pobreza o vulnerabilidad en 2021 respecto al 2020”, precisó.

La lógica contrapartida de este fenómeno es que se achicó la clase media, que pasó del 51% al 48% de los hogares y la clase alta, que pasó del 16% al 11% de los hogares.

La posibilidad de que el deterioro se profundice está directamente vinculada a la evolución de los precios de los alimentos básicos y es por eso que IDESA advirtió que “si la inflación sigue en torno al 50% anual, es muy probable que el crecimiento de la canasta básica total lleve a un mayor deterioro de la pirámide social”.

“Pocas paritarias han cerrado a un nivel cercano a la inflación y tampoco hay perspectiva de mejora en la calidad de los trabajos”, añadió.

Paschini admitió que “la ayuda social podría compensar en parte este deterioro”, aunque remarcó que se trataría de “otro remedio solamente temporal”.

Para la economista, un “ordenamiento integral del sector público” que permita reducir la inflación y la construcción de “un Estado financieramente equilibrado” que tenga “la capacidad para producir los bienes públicos que la población demanda”, sería el principio de la solución que permitiría el regreso de “la inversión privada, que es la que puede sacar a los ciudadanos de la pobreza”.

El Gobierno nacional postergó hoy hasta el próximo 20 de septiembre la anulación de la cuarentena para los argentinos que regresen de «viajes laborales y/o comerciales».

«Establécese que la Decisión Administrativa N° 846/21 resultará de aplicación a partir del día 20 de septiembre de 2021», señala el artículo primero de la Decisión Administrativa 853/2021 que se publicó esta tarde en el Boletín Oficial.

La nueva Decisión Administrativa lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti.

De esta manera, la excepción de cumplir la cuarentena «prevista en el artículo 7°, inciso d) del Decreto N° 260/20 y sus normas modificatorias» regirá desde el próximo 20 de septiembre para quienes hayan «viajado al exterior por razones laborales o comerciales» y al «solo efecto de la reanudación de dichas actividades en territorio argentino».

Además, el beneficio estará disponible para aquellas personas que tengan el «esquema de vacunación completo, con una antelación de por lo menos 21 días a su ingreso al país», lo que deberá informar en la declaración jurada que será «exigida» por la Dirección Nación de Migraciones.

«Adicionalmente a la prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, deberán realizarse 2 pruebas PCR, una al quinto día y la otra al décimo día, computados desde la realización del primer test, cuyos resultados deberán ser negativos», señaló el Gobierno en la decisión administrativa que fue publicada ayer.

Más allá de la excepción, se instó a los beneficiarios a «desarrollar sus actividades laborales y/o comerciales extremando las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de 10 días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las 72 horas previas al embarque».

También se deberá consignar «el motivo laboral y/o comercial» de los que viajen, y se deberá dejar constancia de «los datos del empleador, contraparte comercial o referente de la actividad comercial y/o laboral en cuestión, adjuntando la certificación y/o la documentación respaldatoria pertinentes».

Asimismo, «la certificación y/o la documentación respaldatoria deberá ser conservada por el ingresante al país» para su exhibición a requerimiento de la autoridad competente.

Respecto a las personas extranjeras «no residentes autorizadas expresamente» por Migraciones «para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial para la que fueron convocadas» tampoco «deberán cumplir con la cuarentena prevista en la Decisión Administrativa N° 2252/20».