El intendente de Paraná, Sergio Varisco (Cambiemos), será juzgado desde este jueves en un proceso con dos causas unificadas por el presunto financiamiento de bandas dedicadas al narcotráfico por el que están detenidos un concejal y otros funcionarios del gobierno municipal de la capital de Entre Ríos.
El debate oral tendrá 34 imputados y contará con más de 100 testigos, entre ellos, funcionarios locales, que se presentarán el jueves, el viernes y el lunes y martes de la semana próxima en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
El Tribunal Oral en lo Federal (TOF) de la capital entrerriana, integrado por los jueces Lilia Carneo, Noemí Berros y Roberto López Arango, decidió unificar los expedientes en cuestión, ya que en ambos se «investigan infracciones a la ley de drogas por parte de una misma organización delictiva».
El intendente fue imputado porque presuntamente hizo «un acuerdo en septiembre de 2017» con Daniel «Tavi» Celis, acusado de ser el líder de la banda. Según la acusación, Varisco «se comprometió a entregar $50.000 mensuales para financiar el comercio de estupefacientes».
Para el juez federal de Paraná Leandro Ríos, Celis y Varisco, «comercializaron cocaína de manera conjunta y organizada». La banda se encargaba de la «financiación, provisión, distribución, aprovisionamiento, almacenamiento, abastecimiento, venta, reventa y compra» de esa droga en Paraná y en Concordia, y en la Capital Federal.
Según informó la agencia de noticias Télam, el intendente dijo estar «con mucha tranquilidad» y que «la verdad será descubierta y muchos tendrán que pedir perdón».
«No hay ninguna certeza, ningún indicio cierto respecto de una participación mía en algún acto delictivo», afirmó Varisco en una conferencia de prensa.
La Justicia dictó un embargo de millón de pesos sobre los bienes de Varisco para otorgarle su excarcelación y dispuso que «se mantenga en libertad ya que ejerce el cargo de presidente municipal».
También se le prohibió salir del país y debe presentarse todos los viernes en el juzgado e informar en caso de que debiera ausentarse de su domicilio por más de tres días.
La investigación se inició el 28 de mayo de 2017 cuando la Policía Federal Argentina sorprendió a la banda mientras descargaba más de 317 kilos de marihuana de una avioneta en la localidad de Colonia Avellaneda, cerca de Paraná.
Tras la detención de más de 20 personas fue allanada la celda donde «Tavi» Celis cumplía condena por robo. Se lo acusó, entonces, de comandar la organización narco aprovechando sus eventuales contactos políticos y policiales para comercializar drogas en la zona.
A comienzos de mayo de 2018, en el contexto del mismo expediente, la Justicia allanó la Municipalidad de Paraná, la Legislatura de la capital entrerriana y domicilios vinculados al intendente, diligencias en las que, según precisaron fuentes de la causa, se obtuvieron elementos que se sumaron al expediente y derivaron en los procesamientos.
Un mes más tarde, el juez federal Ríos ordenó la prisión preventiva del concejal Pablo Hernández (Cambiemos) y de la subsecretaria de Seguridad municipal, Griselda Bordeira.
Hernández continúa alojado en la Unidad Penal 6 mientras que Bordeira está en la cárcel de mujeres de Entre Ríos.
En febrero de este año Ríos procesó a Varisco, Hernández y Bordeira, por «financiamiento, comercialización y adquisición de estupefacientes». El intendente paranaense figura como «financiador y adquiriente» de la droga; Hernández, como «adquiriente colaborador», y Bordeira, como «adquiriente colaboradora».
Aun procesado, Varisco buscó mantener la intendencia y se presentó en las elecciones provinciales. Aunque superó las internas, en los comicios generales del 9 de junio pasado quedó segundo, a más de 10 puntos del candidato peronista y vicegobernador, Adán Bahl.
Varisco, intendente y exdiputado nacional, espera la fecha de inicio de un juicio junto a su pareja, la concejal Claudia Acevedo, acusados de tener una conexión clandestina de electricidad en su vivienda.
Y en febrero de 2020 enfrentará otro juicio por «defraudación a la administración pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública». En este caso se lo acusa de haber intentado hacer un giro de 1,5 millones de pesos a la «Mutual Modelo» a pocos días de haber asumido su mandato.
