El hermanastro de Esteban Alvarado se entregó en la sede la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) ya que contaba con un pedido de captura desde el principios de este mes por estar sospechado de formar parte de la asociación ilícita integrada por al menos otros seis civiles y cuatro policías santafesinos.
Fuentes policiales confirmaron que este martes cerca de las 20 Gustavo “Tuerto” Ramos se presentó en la base de la TOE de Rouillón al 1800, fuerza que lleva adelante la pesquisa en la causa contra el ex convicto por robo de autos Alvarado, acusado como jefe de ua organización con gran poder adquisitivo y de fuego, que contaba con una pata policial muy cercana a los fiscales que lo investigaban.
Los voceros agregaron que Ramos tenía sobre su cabeza un pedido de captura desde el miércoles 5 de junio pasado cuando realizaron seis operativos en viviendas de lujo de Rosario y Funes. El hombre quedó detenido e incomunicado hasta las próximas horas, cuando se conocerá su situación procesal en la audiencia imputativa.
Esteban Lindor Alvarado –condenado a seis años y medio de cárcel por robar autos en el Gran Buenos Aires para cortarlos y/o convertirlos en mellizos–, cayó preso en febrero de este año en la localidad cordobesa de Embalse Río Tercero tras la llegada de su ex esposa, Rosa Capuano, quien también fue imputada por pertenecer a la asociación ilícita. Alvarado fue imputado como instigador del homicidio del prestamista Lucio Maldonado, ocurrido en noviembre pasado. Cuando personal de la TOE lo atrapó, Alvarado intentó desligarse de su Iphone 8 tirándolo al agua pero los uniformados lograron recuperarlo. La Fiscalía pudo, a través de la sede estadounidense de una empresa israelí, recuperar del aparato 4.600 mensajes del servicio de mensajería Telegram que utilizaba para comunicarse, organizar y dar órdenes a su grupo de pertenencia, según contaron en la acusación. Entre las comunicaciones hay varias con su hermano, como una en la que le pide vender algunos bienes cuando Esteban ya estaba prófugo.
Luego de analizar las comunicaciones y otro material probatorio, entre fin de mayo y principios de junio los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional, Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, ordenaron una serie de allanamientos para determinar la presunta responsabilidad de Alvarado en el doble homicidio narco del que era su socio en los negocios ilícitos: Luis Medina y su novia Justine Fuster (en diciembre de 2013); las balaceras a Tribunales, el Centro de Justicia Penal y contra la casa de una funcionaria de Fiscalía (entre diciembre de 2018 y enero de 2019) que tenían como objetivo dirigir la pesquisa por el crimen de Maldonado hacia sus enemigos, junto con una serie de operaciones donde se presume que lavaba dinero ilícito a través de al menos cinco sociedades comerciales.
Para la Fiscalía, la asociación ilícita comandada por Alvarado y e integrada por una decena de civiles y policías operó desde el 7 de septiembre de 2018 hasta el 29 de abril de este año y tenía tres estamentos. El primero estaba compuesto por aquellas personas que obtenían los medios materiales necesarios para cometer delitos y los ejecutaban. También proveían de armas y vehículos a la organización, pagaban por los trabajos ilícitos que otros realizaban para el grupo, hacían tareas de inteligencia, identificaban e intimidaban personas para lograr un beneficio ilegal, explicaron.
El segundo grupo era proveedor de impunidad: policías que brindaban información calificada a la organización e incorporaban datos falsos a la investigación para desviarla, recordaron los fiscales. Entre ellos la Fiscalía imputó a los hermanos Martín y Marcelo Rey, Pablo Báncora y Jorgelina Chaves.
En tanto, el tercero de los grupos formaba parte de un entramado de empresas comerciales y unipersonales que eran utilizadas para fines lícitos e ilícitos, brindaban servicios a la estructura a cargo de Alvarado, proveían logística, recursos materiales y humanos, inmuebles y vehículos a los miembros del grupo y realizaban tareas operativas.
Según las audiencias imputativas, el Tuerto figuraba, por lo menos, dentro de este estamento como prestanombres debido a que los investigadores hallaron que posee una relación de dependencia no formal con la firma Logística Santino SRL. Por esta sociedad anónima, sus titulares, Rosa Capuano, ex esposa de Alvarado, y Flavia Gori, ya habían sido imputadas como testaferros.
Un año antes de caer preso por el robo de un Fiat Duna en el macrocentro de Rosario y ganarse la única condena en la Justicia provincial, una investigación de Gendarmería iniciada en Corrientes en 2006 que, por extrañas circunstancias, terminó en condenas en territorio santafesino, mencionó a Alvarado como parte de un entramado de bandas de distintas provincias que se reunían en la ciudad de Clorinda, fronteriza con el Paraguay.
Según aquella pesquisa, dos hermanos rosarinos, “Esteban” y “Gustavo”, serían “los encargados de la logística de la organización, quienes poseerían aeronaves y un hangar en las proximidades de Rosario”. Sin embargo, ninguno de los nombres que figuraban al inicio de la investigación llegó al momento del fallo, en 2015, lo que fue cuestionado sin éxito por las defensas de los sentenciados: el dueño de una avioneta, formoseño; un productor rural santiagueño, y un piloto paraguayo. El expediente en cuestión juzgó el secuestro de 1.300 kilos de cannabis de la variedad Pinito Puro 100% incautados en Pozo Borrado, en el norte de Santa Fe, el 17 de abril de 2007, en una ruta de la marihuana que, según una hipótesis de la pesquisa, incluso terminaba en Chile.
Los mencionados en el caso, afirman desde Gendarmería, eran Alvarado y su hermano, Gustavo “Tuerto” Ramos. Seis días antes del operativo en Pozo Borrado Ramos había caído preso con otros tres hombres en la ruta 9, cerca del peaje de la localidad santafesina de Correa, en el marco de otro procedimiento federal con epicentro en Córdoba, que dejó como saldo la incautación de 116 kilos de marihuana, tras el secuestro de una avioneta incendiada en la localidad mediterránea de Quilino, dos años antes. También cayeron otros dos rosarinos y un piloto de avión cordobés. La droga (se presume que en total eran 500 kilos) había arribado, el 13 de marzo, a un campo de la localidad cordobesa de Noetinger y fue luego trasladada a Landeta, en el departamento santafesino de San Martín.
Según el fallo de la Justicia federal cordobesa, el jefe de la banda era Mario Baldo, un productor agropecuario que a la vez era piloto de avión y también de rally, quien recibió 12 años de cárcel, el mismo monto que Ramos. Se los consideró cabezas de la organización que contrabandeaba marihuana desde el Paraguay y que incluso tenía el aporte de otro piloto de avión, integrante de la Patrulla Aérea de la Policía cordobesa.
En el juicio, Ramos admitió que siempre había contrabandeado cigarrillos, pero jamás marihuana. El tribunal consideró que era el encargado de vender y distribuir la droga. En una escucha, uno de los acusados le dice a Ramos: “Hacé desaparecer los repuestos”, lo que fue interpretado como una referencia a la droga, que al ser incautada fue identificada, también, como de la variedad “Pinito Puro 100%”. Ambos procedimientos, en Pozo Borrado y Correa, desencadenaron entonces una purga en la Dirección de Drogas Peligrosas santafesina, en la que 35 efectivos fueron desplazados.
En otro episodio con vínculo policial, Ramos protagonizó un confuso caso, en el primer semestre de 2010, mientras estuvo detenido en la Alcaidía de la Jefatura de Rosario cumpliendo la condena de la Justicia federal cordobesa: se abrió una investigación federal para determinar si los policías lo dejaban salir todas las noches y si continuaba con la venta de drogas, en conjunto con un uniformado, según la información aportada por el fiscal federal Carlos Gonella a su par rosarino Federico Reynares Solari.
El Tuerto había sido detenido por la Policía de Rosario un mes antes de caer en el peaje de Correa, en marzo de 2007, en el desarmadero de su hermano, en Chaparro al 1100 (en la zona de Mendoza al 7700). Una investigación de la comisaría 2ª sobre el robo de una cupé Ford Taunus en el centro derivó en el hallazgo de tres autos que, según la acusación, estaban listos para que les cambiaran el número de chasis, lo que en la jerga del hampa se conoce como poncho. Ambos, el Tuerto y el Esteban, fueron indagados por encubrimiento agravado de robo automotor. Por entonces, Ramos tenía antecedentes por lesiones y robo calificado.
