El ministro de Energía dijo que en octubre reflejarán la evolución de los precios; negocian con productores de gas en qué momento se trasladará el costo de la devaluación.

Preocupado por la marcha de la inflación y, en paralelo, por el cumplimiento de las metas fiscales pactadas con el FMI , el Gobierno prometió que las tarifas de gas y de electricidad solo aumentarán en torno del 25% y el 30%, respectivamente, a partir de la próxima revisión de octubre. El ministro de Energía, Javier Iguacel , señaló que si bien «aún quedan ajustes por hacer», estos seguirán el ritmo de la inflación.

Mientras tanto, el ministerio lleva a cabo una negociación contra reloj con las empresas productoras de gas y con las generadoras de energía. Por un lado, el Gobierno necesita bajar el gasto en subsidios, que en junio aumentó el 74,6% interanual como consecuencia de la devaluación (incluye también las tarifas de transporte). Pero, por otro lado, ese mayor costo es casi imposible de absorber para los usuarios residenciales y las pymes, además de impactar de lleno en la inflación, que en junio acumuló una variación interanual de 29,5%. Lo que queda para el Gobierno, entonces, es repartir el costo de la devaluación con las empresas en un plazo mayor.

«El precio del gas va a subir no más de 25%», dijo Iguacel en el programa Debo decir, de Luis Novaresio. Y agregó que el de la electricidad aumentará «menos del 30%».

Ahora bien, el precio del gas en boca de pozo, que ahora cuesta alrededor de 4,68 dólares por millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), en octubre debería aumentar a 5,26 dólares, según el sendero de reducción de subsidios que iba a terminar en diciembre de 2019 y que salió publicado en la resolución 212 del Boletín Oficial, el 7 de octubre de 2016.

«Tampoco está en US$4,68 ahora; con el precio actual del dólar en $28 estamos por debajo de US$4», señala un experto del sector. El esquema de precios había sido calculado con un precio de la divisa en $20,20. Por lo tanto, el Estado prometió un precio base que luego de la corrida cambiaria y la devaluación no puede cumplir porque no tiene margen para hacerlo.

Por ese motivo, el Gobierno está negociando finalizar con el esquema de precios pactado y llamar a un nuevo sistema de subastas. Los tiempos apremian, porque el próximo aumento del precio del gas en boca de pozo debería ser en octubre. Sin embargo, según indicaron fuentes que siguen el tema de cerca, la licitación se llevaría adelante en abril. Las empresas, a cambio de finalizar con el sendero pautado, estarían logrando firmar un contrato por un tiempo más prolongado, si llegan a ganar la licitación en abril. «Es el trade off de dejar de lado la suba de precios que terminaba en 2019 y que tomaba el precio de gas de importación. Estarían cambiando la seguridad de una escalerita de precios regulados por la seguridad que da un contrato a largo plazo», comentaron en el sector.

La discusión, entonces, pasaría a ser entre privados: entre las distribuidoras que compran el gas y las productoras que lo venden. Y el Gobierno confía que, con la mayor abundancia de gas que comienza a tener la Argentina, el precio en la subasta sea menor al que tendría si continuara el actual esquema. «Apostamos a que en el invierno que viene [la factura de gas] sea en pesos similar a este año», dijo anteanoche Iguacel.

Con las tarifas de electricidad, el sistema sería parecido: «A los generadores hoy el gas les cuesta 5,20 dólares. La idea es que ellos vayan a una licitación con los productores, igual que las distribuidoras, y que esa compulsa de precios más bajos compense una parte de la actualización cambiaria para que los subsidios a la electricidad mayorista no suban mucho», comentaron fuentes del mercado.

En paralelo, el Gobierno debe negociar quién absorbe la devaluación, que tiene un costo mayor al 25% que promete el ministro. El precio del gas en boca de pozo, que actualmente es de US$4,68, aumentó de $94,54, con un dólar a $20,20, a $131,04, con la divisa a $28; es decir, el precio en pesos subió un 38,6%.

En promedio, el 50% del peso de la factura es el valor del gas. Casi un 15% es distribución, un 10% es transporte y lo que queda son impuestos (un 21% por IVA y el resto por Ingresos Brutos y otros tributos provinciales o municipales). Por lo tanto, cualquier modificación que se haga en el precio de boca de pozo impacta directamente en la tarifa final.

En cuanto a los otros componentes de la factura de gas, en transporte y distribución, que es un sector regulado a través del Enargas, los ajustes tarifarios ya fueron aprobados y han sido instrumentados en tres etapas escalonadas. La última fue en abril de este año. Esta industria, por lo tanto, hasta abril de 2022 no tendría más ajustes, ya que los planes de inversión son quinquenales. Lo único que cambia cada seis meses son los movimientos de costos, que dependen del índice de precios mayoristas (IPIM), aunque no se trata de una actualización automática, depende de la decisión del regulador. Sobre esto, el Gobierno expresó que los ajustes iban a ser por inflación.

Mientras tanto, en el último informe de cuentas nacionales, el gasto en los subsidios económicos (el dinero destinado a las tarifas de electricidad, gas y transporte), que si bien en el semestre crecieron un 8,2%, menos que la inflación interanual, en junio tuvieron un aumento de 74,6%. El tema no es menor cuando el Gobierno intenta llegar a un déficit fiscal de 2,7% del PBI este año y de 1,3% el próximo.

Un tira y afloja constante

• Esquema de precios: Actualmente, el precio del gas en boca de pozo está en alrededor de US$4,68 por millón de BTU, y en octubre debería aumentar a US$5,26.
• Libre mercado: El Gobierno quiere suspender el esquema y pasar a un sistema de subastas entre productores y distribuidores, que se haría en abril próximo.
• Devaluación: Por otro lado, el Gobierno está negociando quién absorbe el costo de la devaluación, para que las tarifas aumenten un 25% como prometió.