Los jueces de la Casación resolverían por dos votos contra uno la prisión de los empresarios, que deben $ 8000 millones en impuestos; Echegaray sería procesado.
Cristóbal López y Fabián de Sousa están más cerca de volver a la cárcel. La Cámara de Casación recibió los pedidos de la fiscalía y de la AFIP para que el empresario y su socio regresen a prisión por no haber pagado 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles de su empresa Oil. Los jueces también tienen en sus manos los argumentos del abogado de los empresarios, que pidió rechazar todos los recursos y que su cliente siga libre.
Quienes deben decidir el futuro del dueño del Grupo Indalo son los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa. Desde hoy los magistrados tienen cinco días hábiles para decidir, luego de la apelación de la querella, a cargo de la AFIP y del fiscal Raúl Pleé, del fallo de la Cámara Federal que liberó a López y a su socio.
La sentencia se conocería la semana próxima (corta por el fin de semana puente) o el lunes de la siguiente. Es probable que López y De Sousa vayan a la cárcel nuevamente y que Echegaray termine procesado y en libertad. Esto se lograría con los votos de Hornos y Riggi y con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa, que ya tiene en sus manos la decisión de sus colegas y le resta escribir su propio voto.
López y De Sousa tienen prohibida la salida del país por decisión del juez federal Julián Ercolini, que de hecho rechazó hace una semana un pedido del empresario para viajar a España.
El fallo de la Cámara Federal que permitió la libertad de los empresarios había sido firmado por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que además cambiaron la calificación del delito que le enrostraban a López por otra que le permitiría pagar y evitar la cárcel.
Ese fallo provocó un escándalo institucional: el presidente Mauricio Macri se enojó con los camaristas y el Gobierno los denunció. En menos de un mes, desde ese momento hasta hoy, Farah pidió y consiguió su traslado a otro tribunal, y Ballestero pidió una licencia médica por 20 días, que casi seguro se transformará en su alejamiento definitivo de la Cámara Federal.
Así de fulminante fue el caso de Cristóbal López, que alcanzó para que detonara la Cámara Federal, quedara desarmada y casi sin jueces (ver página 15). Pleé y la AFIP, con la firma del abogado Ricardo Gil Lavedra, apelaron para retrotraer la decisión de Farah y Ballestero. Y el abogado Carlos Beraldi, de López, pidió desestimar esos recursos porque no van contra una sentencia definitiva. En sus argumentos, Pleé consideró que los empresarios deben enfrentar el delito de «administración fraudulenta agravada» y reclamó que Echegaray también quede procesado como autor de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El fiscal no reclamó la prisión preventiva para Echegaray, como sí había propuesto su colega ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, por entender que ese aspecto no formó parte de los incidentes presentados.
La AFIP presentó un escrito en el que pidió que los tres sean procesados por administración fraudulenta y se revoque la figura de retención indebida de aportes que los beneficiaba. Pidió anular el fallo anterior y que se fijen embargos superiores a los 10 millones de pesos.
El abogado Beraldi pidió, por su parte, que Casación rechace las apelaciones. Dijo que no hay razón para que las apelaciones de los acusadores prosperen y que en este caso no hubo «ocultación de información, ardid ni engaño», por lo que «los episodios jamás podrían ser calificados como una defraudación tipificada en el Código Penal».
Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP Ricardo Echegaray, extitular de la AFIP Fuente: Archivo
Sin embargo, Pleé remarcó: «En forma paralela al incumplimiento fiscal y los sucesivos planes de facilidades de pago, Oil Combustibles SA financiaba a otras empresas del Grupo Indalo». Advirtió que «el análisis de los estados contables de Oil Combustibles SA indicaría que era utilizada por sus propietarios para financiar a las otras empresas del Grupo Indalo».
Con respecto a Echegaray, como titular de la AFIP, dijo que «otorgó en forma ilegal los planes particulares» de pago a los empresarios.
El exfuncionario, «ya sea por acción (otorgamiento de planes particulares) u omisión (acogimiento a planes generales), habría beneficiado a los dueños de Oil, a través de la concesión irregular de planes de facilidades de pago, permitiéndoles prorrogar sistemáticamente la obligación de ingresar ese tributo, en perjuicio del fisco», agregó Pleé
Echegaray, «con el fin de procurar un lucro indebido de terceros, violando los deberes a su cargo, posibilitó que López y De Sousa postergaran sus obligaciones fiscales y financiaran con el dinero de Oil a otras empresas del Grupo Indalo», advirtió la fiscalía.
Complicados
Los empresarios están acusados de no pagar impuesto a los combustibles por 8000 millones de pesos. Echegaray, en tanto, está acusado de tolerar esa situación a pesar de haberles dado dos planes de pagos. Los acusan el fiscal Raúl Pleé y la AFIP
Gustavo Hornos, camarista: Ya definió su voto. Se pronunciaría para que López vuelva a prisión, al igual que su socio De Sousa, quienes fueron liberados el 16 de marzo pasado. Complicaría a Echegaray
Eduardo Riggi, camarista: Ya elaboró su voto y se inclinaría, junto con Hornos, por devolver a Cristóbal López y a De Sousa a la cárcel, y complicar a Ricardo Echegaray
Ana María Figueroa, camarista: Tiene en sus manos el expediente. Cuenta con cinco días hábiles para resolver a partir de hoy. El plazo de vencimiento será el lunes 8 de mayo. Sus colegas están expectantes
