El Gobierno nacional avanzó con la disolución del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear), a través de la Resolución 764/2025 publicada en el Boletín Oficial. La medida reglamenta los pasos a seguir tras el Decreto 1018/2024, que había establecido la extinción del fondo fiduciario que gestionaba los préstamos para la construcción y adquisición de viviendas.
La resolución encomienda al Banco Hipotecario S.A. la administración de los créditos vigentes, bajo las mismas condiciones establecidas en el contrato original firmado en 2012. Los fondos recaudados serán depositados en la Cuenta “Recaudación TGN”, descontando previamente los gastos operativos y la retribución de la entidad.
Entre los argumentos para la disolución, el Ejecutivo señaló que el Procrear representaba una “carga” para las cuentas públicas y presentaba problemas de fiscalización, falta de transparencia y demoras en la entrega de viviendas. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había realizado auditorías que detectaron incumplimientos, costos adicionales por mantenimiento, y fallas en la ejecución del programa.
El Ministerio de Economía también podrá disponer de los bienes del fondo, incluidos inmuebles, con el objetivo de transferirlos a provincias, municipios u otros organismos del Estado Nacional. Aquellos que originalmente fueron aportados por jurisdicciones locales podrán ser restituidos. Los bienes no afectados a obras serán transferidos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Además, se autoriza al Banco Hipotecario a vender carteras de crédito con bajo rendimiento de cobranza y a cancelar obligaciones pendientes con los fondos provenientes de esas operaciones.
Las causas judiciales que surjan tras la disolución del Procrear serán atendidas por la unidad jurídica que designe el Ministerio de Economía, en el marco de la reorganización impulsada bajo la Ley 27.742 de emergencia pública, que autoriza al Ejecutivo a liquidar fondos fiduciarios con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y transparentar el uso de los recursos públicos.
